El Gobierno dio inicio este martes (04.02.2025) a la construcción de una nueva cárcel en Abancay, la capital del departamento de Apurímac, que se convertirá en la primera prisión edificada en el país en la última década. En el acto de colocación de la primera piedra de la obra participaron la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, entre otras autoridades.
Detalló que este nuevo centro de reclusión, que estará ubicado sobre un área de casi 20 mil metros cuadrados en el sector de Illanya, demandará una inversión de 116 millones de soles (unos 31 millones de dólares).
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La obra incluirá 785 unidades de albergue (702 para hombres y 83 para mujeres), así como áreas para educación, capacitación, salud y asistencia penitenciaria, enfocadas en la “reinserción social de los internos”.
El ministro Eduardo Arana destacó la importancia de este proyecto, calificándolo como un “hito importante” para la mejora del sistema penitenciario, en estado de emergencia por tener una sobrepoblación del 136 %.
Afirmó que este es un ejemplo de cómo el Gobierno cumple sus promesas: “Para ello, estamos trabajando juntos, el gobierno nacional, regional y local, con el apoyo de cada uno de ustedes”.
La nueva cárcel en Abancay estará lista en 2026
Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó que la construcción de la nueva cárcel tendrá un plazo de ejecución de 690 días, con la expectativa de que esté lista entre noviembre y diciembre de 2026.
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También informó que la actual cárcel de Abancay, que tiene una capacidad de 80 internos, alberga a más de 400 personas, convirtiéndola en una de las más hacinadas del país.
La nueva obra proporcionará “condiciones dignas” para los reclusos, que incluirán talleres educativos para promover la resocialización de los internos, según el presidente del INPE.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte destacó que su gobierno está comprometido con el desarrollo de todas las regiones del país, mencionando que Apurímac estuvo históricamente olvidada.
La mandataria subrayó en su intervención un llamado a la Contraloría y al Poder Judicial para trabajar juntos y destrabar más de 2.000 proyectos paralizados de gobiernos anteriores, que están siendo analizados para ser entregados al país.
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Sistema Nacional Penitenciario en emergencia
El Gobierno de Perú declaró en noviembre de 2024 en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario por 24 meses, reconociendo una crisis estructural que afecta a las 69 cárceles del país. Estas instalaciones tienen una capacidad para albergar a 41.556 personas, pero actualmente están ocupadas por 98.127 reclusos, lo que representa un hacinamiento del 136 %, una de las tasas más altas de la región.
Según un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la medida busca implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030 con un enfoque en la resocialización de los presos. Sin embargo, solo el 50,2 % de las personas privadas de libertad se encuentra en cárceles con infraestructura y servicios adecuados, lo que agrava las condiciones de vida y dificulta los procesos de reinserción social.
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El hacinamiento no solo sobrepasa la capacidad de las instalaciones, sino que también pone en riesgo la seguridad, la salud y la dignidad de los internos. A esto se suma la falta de recursos humanos, logísticos y presupuestarios, lo que dificulta la atención médica, los programas de rehabilitación y la seguridad penitenciaria.
En el ámbito de la salud, el hacinamiento incrementa la propagación de enfermedades infecciosas, como tuberculosis y hepatitis, que afectan desproporcionadamente a los internos. Además, la falta de personal médico y medicamentos esenciales agrava las condiciones de quienes necesitan atención especializada, como los presos con enfermedades crónicas o mentales.
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Un informe reciente del Tribunal Constitucional calificó el hacinamiento como un “estado de cosas inconstitucional,” exigiendo medidas urgentes al Estado peruano.
A nivel regional, Perú se encuentra por encima de países como México, que reporta un hacinamiento del 130 %, o Brasil, con un 130,6 %.
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