Por primera vez desde que comuneros de Catacaos denunciaran el despojo de sus tierras por parte de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, un monseñor de la Iglesia Católica se reunió con ellos, en Piura.
El administrador apostólico de esta región, Guillermo Elías, conversó con representantes de las rondas campesinas en una zona conocida como ‘El Vagón’, el mismo lugar donde les habrían quitado sus predios años atrás.
Durante la reunión, que se realizó el jueves 13 de febrero, los comuneros exigieron la celeridad de las investigaciones por parte de la Iglesia sobre la presunta apropiación ilícita y la pronta devolución de las mismas.
Por su parte, el monseñor Elías no solo expresó su solidaridad con los presentes, sino también pidió perdón en nombre de su institución.
“Si en algún momento experimentaron daño por parte de la autoridad eclesial católica, les pedimos perdón, porque somos parte de un mismo cuerpo, pero son hechos que la historia juzgará. En el presente no vamos a estar ausentes en el acompañamiento de sus demandas”, manifestó.
Además, propuso la creación de una mesa de trabajo junto a organizaciones para abordar y atender las problemáticas más urgentes que afectan a la comunidad de Catacaos.
En la reunión, también estuvieron presentes el Instituto de Derecho Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH), quienes brindaron asesoría legal a las comunidades.
La presencia del Sodalicio en Piura
Según Hildebrandt en sus trece, la Asociación San Juan Bautista registra 50 inmuebles en Piura. Precisamente, es en esta región donde los sodalités se encuentran construyendo la urbanización Miraflores Country Club en un terreno de 240 hectáreas. La ejecución de la obra está a cargo de la Inmobiliaria Miraflores Perú SAC, también vinculada a la sociedad católica.
En Piura también funciona a Agrícola Santa Regina SAC, a 24 kilómetros del Country Club, donde en un predio de 800 hectáreas cultivan uva para exportarla. Cambió de nombre dos veces: de ser Inversiones Bajo Piura SAC pasó a llamarse Pura Fruit Company SA.
El semanario acota que en el 2019, cuando hubo se disputaron terrenos con comuneros de Piura, San Juan Bautista habría hecho una “escisión parcial” de su patrimonio y transfirió 70 millones de soles a la Asociación para el Desarrollo Urbano y Social (ADEUS), otra compañía vinculada al SVC.
Dos periodistas que han investigado a profundidad este caso son Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes en diálogo con Infobae Perú cuestionaron la rapidez con la que actuó la justicia en las indagaciones contra ellos. Salinas fue condenado a prisión suspendida por el delito de difamación agravada en solo tres meses, en Piura, en abril del 2019.
“Yo he tenido unas denuncias de Carlos Gomez de la Torre en Piura, en Lima. Luciano Revoredo me demandó por difamación. En la Fiscalía, Edgardo Palomino Martínez y Luciano Revoredo, presentaron muchísimas denuncias en mi contra”, dice, por su parte, Ugaz.
La salida de Eguren como arzobispo de Piura
La primera salida importante que tuvo el Sodalitium fue la del exarzobispo de Piura y Tumbes José Antonio Eguren. En esta región, no habría atendido las denuncias de los comuneros cuando denunciaron que bandas criminales se quedaban con sus terrenos a mano armada.
En abril del 2024, el Papa Francisco aceptó su renuncia luego de las investigaciones que se estaban realizando en torno a acusaciones de abusos sexuales dentro del SVC.
Como se recuerda, el sumo pontífice envió una Misión Especial al Perú para profundizar en las diligencias. De esta manera, arribaron el arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu, quien ahora se encargará de supervisar la disolución del Sodalicio.
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