El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó el pedido de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva contra el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, acusado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros cometidos dentro del sistema judicial peruano. En su lugar, el magistrado dispuso que el exjuez involucrado en el mega caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ahora prófugo asilado en Bélgica, afronte la investigación preparatoria bajo un régimen de comparecencia con restricciones por 18 meses.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos consideró que existían elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva por su presunta participación en el ascenso de Elizabeth Peralta Santur al cargo de Fiscal Superior Titular Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en 2015.Sin embargo, Checkley determinó que no había indicios fundados que justificaran la medida. Medida que despierta críticas.
Mientras tanto, la Fiscalía ha anunciado que evaluará las acciones legales pertinentes para revertir la decisión del juez Checkley. En un contexto donde la lucha contra la corrupción es una demanda constante de la ciudadanía, este fallo reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y su compromiso con la justicia en casos de alto perfil.
Hinostroza se fugó de Perú el 7 de octubre de 2018 rumbo a España, atravesando Ecuador pese a tener una orden de impedimento de salida del país, cuando afrontaba acusaciones relacionadas con su presunta participación en la red de corrupción que involucraba a funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Callao, Consejo Nacional de la Magistratura y abogados empresarios.
Los principales delitos por los que era investigado e imputado incluían:
- Organización criminal: Se le señalaba como miembro de una red dedicada al tráfico de influencias y manipulación de decisiones judiciales.
- Cohecho: Presuntamente habría aceptado sobornos para beneficiar a terceros.
- Tráfico de influencias: Favorecer a personas en procesos judiciales a cambio de beneficios.
- Negociación incompatible: Uso indebido del cargo para fines particulares.
El caso de Elizabeth Peralta y su vinculo con Hinostroza y los Cuellos Blancos
En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer comparecencia con restricciones por 36 meses a la fiscal suspendida Luz Peralta Santur, investigada por su presunta vinculación con la red de corrupción conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Las restricciones incluyen control biométrico mensual, prohibición de salir de su residencia sin autorización judicial y la imposibilidad de comunicarse con el exjuez supremo César Hinostroza, testigos o declarantes del caso. Además, se pidió una caución económica de 30 mil soles. Según la Fiscalía, estas medidas buscan garantizar su participación en las diligencias, advirtiendo que el incumplimiento podría llevar a su captura nacional e internacional.
Peralta está bajo investigación desde 2022 por su presunta implicación en el archivo de un caso de lavado de activos vinculado a la Federación Peruana de Fútbol y por presuntas irregularidades en su nombramiento como fiscal superior. No obstante, tanto la exfiscal de la Nación Patricia Benavides como su sucesor, Juan Carlos Villena, habrían bloqueado avances en las investigaciones contra la fiscal, según información revelada por IDL-Reporteros.
Recientes hallazgos profundizan las acusaciones. En septiembre de 2024, durante una inspección de su despacho autorizada por Peralta, se encontró un USB con un video relevante. Este muestra a un interlocutor, cuya identidad se desconoce, admitiendo haber comprado un examen de conocimientos para favorecer a Peralta en un concurso para obtener su nombramiento, y mencionando a otros postulantes beneficiados. El video también implica a exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como Máximo Herrera e Iván Noguera, este último conocido como “Doctor Rock”. Peralta afirma en la grabación haber recibido apoyo de políticos como César Acuña y José Luna Gálvez para facilitar su nombramiento.
El contenido del USB será investigado en un expediente separado. Mientras tanto, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, busca anular la diligencia donde se obtuvo el dispositivo. Al concluir, se supo que el fiscal Franklin Tomy fue autorizado a formalizar una de las investigaciones más recientes contra Peralta.
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