El caso de los 120 ‘okupas’ peruanos en la exclusiva urbanización madrileña de Excelente de Carabanchel (España), que hasta hace unas semanas atrás alegaban haber sido víctimas de un fraude inmobiliario por una mafia que los contactó, ahora apunta a que varios de ellos serían cómplices de la organización criminal. No solo serían responsables de esta megaokupación en el condominio, donde ocuparon hasta 28 pisos, sino que nuevas pruebas revelan que han ubicado nuevas promociones para ocupar.
No se trata de casas o departamentos inhabitados o abandonados, sino que la mafia detrás de las megaokupaciones se inclinan por ofrecer predios en estreno y en las zonas más exclusivas de Madrid. “¡Ni el plástico está sacado de la puerta!”, dice un integrante de la mafia en un vídeo grabado por él mismo y que ha sido enviado a un grupo de WhatsApp en el que se encuentran varias familias peruanas que han protagonizado el escándalo de Carabanchel.
Alberto Cuesta, gerente de la empresa Servi-okupas, encargada de la mediación para recuperar los pisos usurpados en el condominio de Carabanchel, señaló en el medio digital Libre Mercado que ha entregado a las autoridades numerosos vídeos que demostrarían el actuar criminal de los ‘okupas’ peruanos en clara confabulación con la mafia. Según su investigación, la mafia que entrega estos departamentos estaría integrada por 26 ecuatorianos y 1 paraguayo, y que al menos siete de ellos son familiares.
La evidencia
Los videos entregados por la empresa Servi-okupas a las autoridades han sido enviados a varios grupos de familias okupas. Precisamente, se habla que algunos peruanos que, han decidido abandonar el condominio de Carabanchel, han otorgado dichos materiales a los mediadores para ayudar en la investigación y evadir responsabilidades legales en el caso.
La situación no se detiene ahí. “O si no, allá, más para el fondo. Eso parece… ¡Su madre!”, comenta, visiblemente sorprendido tanto por la cantidad de nuevas construcciones en la zona como por su calidad. En este primer vídeo, no se puede identificar la ubicación exacta. Sin embargo, en el segundo vídeo, él mismo revela su intención. “Próximo destino: Boadilla del Monte”, dice entre risas, aunque el audio del GPS menciona en ese momento dos calles —calle Riga y Avenida de la Unión Europea— que, en realidad, pertenecen al municipio vecino de Villaviciosa de Odón, lo que sugiere que también están considerando esa localidad. “¡Qué rico!”, se expresa satisfecho al observar las viviendas.
Un hombre, al que Servi-okupas ha identificado como el único paraguayo entre los okupas peruanos, baja del auto y se dirige a una urbanización de chalés aún sin entregar. “¡Ni el plástico se ha quitado de la puerta! ¿Cómo es la jugada? —les pregunta a sus compañeros—. ¡Hablen! ¡Hagan sus pedidos musicales!”.
Cuesta asegura que hay más material que evidencia que los okupas peruanos, o al menos una fracción de ellos, solo han fingido haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria. “Los que en principio parecían estafados parece que son una organización criminal”, menciona el gerente de Servi-okupas, quien mostró un último video en su poder, de los muchos más que tiene.
El material, grabado en año nuevo, muestra a varias familias celebrando en una fiesta en la que el DJ envía “un saludo muy especial a los estafados de Carabanchel”, mientras los invitados sueltan carcajadas y aplauden, evidenciando así una imagen muy alejada del papel de víctimas que todos habían asumido hasta ahora.
La situación en Carabanchel
El condominio de lujo de la urbanización de la calle Excelente de Carabanchel, en Madrid, está en proceso de recuperación, asegura Alberto Cuesta. La empresa mediadora ha logrado que 13 departamentos sean recuperados y siete más están en proceso de desocupación.
Respecto a la suma de hasta 15 mil euros que los okupas peruanos le exigían a la inmoviliaria Vivenio, dueña del condominio, para desocupar estos predios, el gerente de Servi-okupas asegura que no hubo un acuerdo de dinero. Todo se manejó con diálogo, explicándole a las familias peruanas las consecuencias legales que tendrían con la recopilación de pruebas que demostrarían la invasión ilegal.
La situación actual ha permitido que se reduzca la tensión en la comunidad. “Ahora mismo la tensión ha desaparecido y los vecinos pueden dedicarse a trabajar y a jugar al pádel, porque la preocupación ha cambiado de bando”, menciona Cuesta.
El caso continúa su curso, ya que se sigue investigando la implicación de los okupas en otros delitos como fraude eléctrico, fraude en el suministro de agua y falsificación de documentos. Además, la justicia está evaluando la acusación de que los okupas y la mafia que los organizó formarían una estructura criminal.
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