La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, salió en defensa de la institución que preside, buscando minimizar las críticas que el Ministerio Público ha recibido recientemente de un sector del Parlamento. Estas reacciones surgen tras la apertura de una investigación contra once congresistas por presunta negociación incompatible, debido a la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a parlamentarios militares y policías retirados recibir, simultáneamente y sin restricciones, su sueldo y pensión.
Desde Cañete, la cabeza del Ministerio Público aseguró que todos los fiscales, en todos los niveles, están acostumbrados a recibir críticas de las autoridades que investigan. Sin embargo, aclaró que los comentarios que viene recibiendo por parte de Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, entre otros, lo toma con serenidad, porque está trabajando y actuando conforme a ley.
Al ser consultada si ha tenido algún diálogo con el representante de alguna bancada del Congreso, debido a que un sector de congresistas adelantó opinión respecto de hacer una denuncia constitucional en su contra, la fiscal de la Nación indicó que “nosotros no tenemos que reunirnos ni conversar, porque seguimos haciendo nuestro trabajo. Todo caso que llevamos y terminamos con presentar una denuncia es estrictamente aplicando la ley”.
Critican al Ministerio Público
Varios parlamentarios manifestaron su rechazo a la denuncia presentada contra once congresistas, entre ellos la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, quien cuestionó duramente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La legisladora de Fuerza Popular acusó a Espinoza de desconocer la Constitución y las prerrogativas parlamentarias, en particular el derecho de los congresistas a emitir su voto libremente.
A estas críticas se sumó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien propuso presentar una denuncia contra la fiscal de la Nación. Salhuana, miembro de Alianza Para el Progreso, acusó a Espinoza de haber violado la Constitución al formular una investigación contra sus colegas, quienes permitieron que sus compañeros parlamentarios militares y policías retirados recibieran doble salario.
“Los congresistas tenemos el artículo 93 de la Constitución que protege nuestra libertad a votar y nuestro derecho que nosotros consideremos que sea la forma adecuada y correcta que sea en beneficio de algún caso en particular o en beneficio del país. Yo creo que existe un ánimo o un manejo inadecuado de la Fiscalía en seguir persiguiendo a políticos”, declaró Suárez a las cámaras de Canal N.
¿De qué se acusa a los congresistas?
Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional contra once congresistas de la Comisión de Defensa Nacional, acusándolos de haber favorecido la aprobación de un dictamen que habría beneficiado a algunos de sus colegas vinculados a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según la investigación fiscal, los legisladores José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín habrían desempeñado un rol clave en la aprobación de una normativa que les permitirá recibir, de manera simultánea, su salario como parlamentarios y una pensión por sus años de servicio en las Fuerzas Armadas. En el caso específico de Azurín, este beneficio se extendería también a su condición de exintegrante de la PNP.
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