Retirar stickers y una marcha por la paz: la estrategia del Gobierno Regional de La Libertad contra el crimen organizado

El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña, enfrenta una ya conocida crisis de inseguridad que ha llevado a provincias como Trujillo, Pataz y Virú a un estado de emergencia que ya cumplió 11 meses desde su primera declaratoria en febrero del 2023.

A raíz del atentado en la sede del Ministerio Público, se convocó a una sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), un grupo de altos funcionarios de la región que, al mando del gobernador Acuña, tomaron decisiones para luchar contra la inseguridad que puso en alerta a la ciudadanía. Entre ellas, remover stickers de autos y organizar una “marcha por la paz” para finales de enero.

En un comunicado difundido por el propio Gobierno Regional de La Libertad, se indicó que el retiro de stickers sería parte de una campaña denominada “cero stickers en la región” y que está dirigido a la eliminación de calcomanías extorsivas de vehículos y viviendas en la provincia pues, como se reportó en meses previos, algunos diseños estaban vinculados a grupos criminales específicos.

Además, se informó sobre la organización de una “Marcha por la Paz” el 30 de enero a las 10:00 a.m., aunque no se reveló si esta incluiría algún tipo de gasto público como ocurrió, por ejemplo, con la Municipalidad de Lima, que pretendía gastar dinero público en implementos para realizar una “Marcha por la vida” en 2024.

El comunicado indica que se iniciará el resguardo de 29 puntos estratégicos para prevenir actos delictivos, aunque en la conferencia el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez habló de activos críticos. Esto quiere decir que se reforzará la vigilancia en infraestructura clave para el Estado, como puentes o las sedes de entidades gubernamentales, como la Fiscalía de la Nación, no necesariamente implica un mayor patrullaje de las calles.

En referencia a los actos contra el Ministerio Público en Trujillo, se tomó la decisión de que la Policía Nacional resguarde a jueces y fiscales que ven casos de organizaciones criminales.

En la lista de ocho acciones tomadas para mejorar la seguridad en la región, también se incluyen iniciativas cuya aplicación ya no dependen del gobierno regional y de la administración de César Acuña, sino del Poder Ejecutivo o del Congreso.

Entre ellas se encuentran, por ejemplo, pedir al Ministerio de Justicia “que los sentenciados por extorsión sean recluidos directamente en el penal de Challapalca”. También se pedirá al Ejecutivo emitir una norma para hacer compras directas de equipamiento para la PNP, aunque esto ya fue referido por el ministro Juan José Santiváñez ayer y afirmó que se declarará a la Policía Nacional en desabastecimiento.

En lo que respecta al Congreso, el comunicado del gobierno de Acuña también indica que se exige al Congreso que se “dedique a legislar, con carácter de urgencia, en materia de seguridad ciudadana”, aunque esto solo podrá hacerse a partir de marzo, cuando los parlamentarios retornen de sus vacaciones.

Durante el evento de entrega de 100 camionetas para la PNP, el gobernador de La Libertad, César Acuña, afirmó que su gestión lucha contra la inseguridad por medio de la inversión en infraestructura para dar más trabajo.

“Hay gente ignorante. No sabe que mientras más invertimos hay más seguridad, hay más trabajo (...) no solo es comprar camionetas. Hay que invertir lo más que podamos. Por eso lo digo y lo reitero. Llegó el día que un gobernador tome como prioridad invertir en seguridad”, afirmó.

Además, aseguró que en La Libertad existe una enfermedad a la que llamó “enfermedad del miedo”, y que su administración sería la cura. “Vamos a combatir la enfermedad. La enfermedad del miedo. Chau miedo con nosotros. Esa enfermedad la vamos a curar y no nos vamos a dejar vencer”