Poder Judicial podría sumarse a demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Fiscalía contra leyes del Congreso

La oposición a las normas promovidas por el Congreso continúan a nivel de instituciones del Estado. Ahora el Poder Judicial está evaluando sumarse a las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Fiscalía de la Nación contra dos leyes vigentes: la que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que permite a la Policía Nacional dirigir investigaciones preliminares de delitos.

En este escenario, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, indicó que el Congreso ha actuado sin tomar en consideración las opiniones de las entidades que se encargan de administrar justicia y que son las que aplican estas normas.

Según una entrevista brindada a El Comercio, Tello afirmó que el Parlamento “no puede seguir dictando normas sin considerar el impacto” que estas pueden tener en la administración de justicia. Es por ello que, aunque la decisión sobre sumarse o no a la demanda de inconstitucionalidad todavía no está tomada, es una posibilidad latente.

Para la magistrada, es posible que el anuncio de este apoyo a la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, genere una intención de escucha en algunos congresistas, quienes podrían retroceder en su posición a favor de estas normas promulgadas. Sin embargo, afirmó que esto no debe ser considerado como una victoria o una derrota para el Congreso, sino que “lo que tenemos que hacer es beneficiar a la sociedad”, afirmó al medio escrito.

¿Qué dijo la Fiscal de la Nación sobre las leyes del Congreso?

El anuncio de la presentación de las demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hace casi una semana, también fue comentado por la titular del Ministerio Público.

Sobre la Ley 32107, que en noviembre del año 2024 intentó ser aplicada por ex integrantes del Grupo Colina, Espinoza indicó que “introduce disposiciones que, a juicio del Ministerio Público, debilitan el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, protegidos por los instrumentos internacionales", afirmó.

Por otro lado, sobre la Ley 32130, que pretende restaurar la capacidad de investigación a favor de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía indicó que “se han planteado como causales de inconstitucionalidad el que esta ley establezca que la Policía Nacional del Perú puede hacer la investigación preliminar sin el rol conductor del Ministerio Público”.

“Nuestra acción constitucional busca asegurar que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía para actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales con respecto de las cuales ya existen sentencias firmes y aún se vienen desarrollando procesos en dicha materia”, aseguró Espinoza.

Fiscalía acusa a normas de ser “contrarias al marco constitucional”

Durante la ceremonia por el inicio del Año Fiscal 2025, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentó ante el Tribunal Constitucional dos demandas de inconstitucionalidad contra normas promulgadas por el Congreso y que considera que son “contrarias al marco constitucional”.

Según la representante del Ministerio Público, las leyes promovidas por el Congreso “interfieren con la independencia de la labor fiscal, comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público”, afirmó. También informó que estas denuncias de inconstitucionalidad fueron presentadas el pasado 20 de diciembre del 2024.

“Hemos presentado dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones que son esenciales para garantizar una justicia independiente y eficaz”, aseguró en la ceremonia.

Tribunal Constitucional no vería controversia antes de abril

A su salida de la ceremonia de juramentación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que luego de haber recepcionado las demandas de inconstitucionalidad, el TC tiene al menos 30 días hábiles para convocar a una audiencia, que debería ser programada para días posteriores.

Según Pacheco, se espera que para el mes de abril el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse respecto a la disputa entre el Congreso y el Ministerio Público.