Encuentran videos “no aptos para menores” de joven implicada en presunta red de prostitución en el Congreso

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sigue adelante con las investigaciones sobre la presunta existencia de una red de prostitución que involucraría a trabajadoras y altos funcionarios parlamentarios.

En el marco de estas indagaciones, el grupo de trabajo presidido por el congresista Juan Burgos solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio Legislativo. El objetivo es verificar las actividades que realizaban las jóvenes implicadas en la denuncia.

Por su parte, el congresista Carlos Zeballos, miembro de la Comisión de Fiscalización, reveló que, tras revisar las redes sociales de las extrabajadoras parlamentarias, encontraron videos con contenido no apto para menores.

“En la Comisión de Fiscalización venimos investigando a cuatro señoritas que podrían estar implicadas en estas denuncias, por lo que se ha solicitado las cámaras de videovigilancia para verificar cuál ha sido el movimiento de las señoritas dentro del Congreso de la República (...) Se ha hecho la verificación de sus redes sociales y hemos encontrado videos de una de las investigadas no permitido para menores.”, indicó en declaraciones a RPP noticias.

Para el congresista Zeballos, la existencia de estos videos perteneciente a una trabajadora del Parlamento genera la mala imagen de la institución. “Esto es lamentable, porque esto lleva a un desprestigio”, agregó.

El parlamentario también puso en tela de juicio la denuncia presentada por Isabel Cajo, una ex trabajadora implicada en el caso, quien actualmente labora en el despacho del congresista Edwin Martínez.

Según el testimonio de Cajo, su celular habría sido robado el pasado 27 de diciembre mientras paseaba a su mascota. Sin embargo, la Municipalidad de Magdalena difundió imágenes de las cámaras de seguridad del distrito que contradicen su versión de los hechos.

Ante esta situación, el congresista Zeballos expresó dudas sobre la veracidad de la denuncia realizada por Cajo, dejando entrever posibles inconsistencias en su relato.

“Pero creo que ya el Municipio de Magdalena se ha pronunciado al respecto indicando que este robo no habría ocurrido y al parecer esto no sería la verdad, lo que habría declarado la señorita ante la PNP. Porque dio datos y hubo personas acompañándola. También hubo personas detrás de ella. Habría que ver si estas personas están dispuestas a declarar, si ocurrió o no tal hecho”, comentó.

La contratación de Isabel Cajo en el Congreso ha sido muy cuestionada desde que se conoció que la joven no contaba con el grado de bachiller, pese a eso ganaba un sueldo de casi 7 mil soles, según un reportaje de H13.

El semanario informó que Isabel Cajo participó en una reunión organizada por Jorge Torres Saravia y, poco tiempo después, comenzó a trabajar en el Parlamento. En septiembre, cuando varias jóvenes fueron separadas de sus puestos, Cajo ingresó al despacho del congresista Edwin Martínez.

El parlamentario también pidió la salida del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez, a quien acusó de interferir con las investigaciones contra Jorge Torres Saravia.

Como se recuerda, Torres Saravia actualmente es investigado por el presunto delito de explotación sexual.

Según explicó Zeballos, Forno no supo explicar como Jorge Torres llegó a ocupar el cargo de jefe de la Oficina Legal y constitucional de la institución, por lo que se unió a otros 14 congresistas para pedir que sea retirado del cargo.

“No es posible que el oficial no sepa, o a quién estaba protegiendo. Él maneja toda la parte administrativa, desde los contratos, y también todo el copamiento que existe por parte de APP (Alianza Para el Progreso) y otros partidos dentro del Congreso, lo cual no les está haciendo bien. En muchos casos tengo entendido que se han cambiado los términos de referencia para que calcen”, denunció en entrevista para Exitosa.

Los miembros de la Comisión Ad Hoc creada por Giovanni Forno para investigar la existencia de una presunta red de prostitución renunciaron.

Durante la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos informó que las tres mujeres integrantes de este grupo de trabajo decidieron renunciar; sin embargo, no expresaron sus motivos.

Ante la sorpresa del anuncio, los parlamentarios pidieron citar a las trabajadoras para que brinden sus descargos.

Después, se conoció que las funcionarias tomaron la decisión de renunciar al concluir que no había motivos suficientes para continuar la investigación contra Jorge Torres Saravia.