El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Stephen Yuri Haas Del Carpio como Agregado en la Embajada de Perú en España, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano. La medida, firmada por el canciller Elmer Schialer, establece que Haas asumirá actividades productivas para fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. Sin embargo, el nombramiento ha generado polémica por los antecedentes del exalcalde de Pueblo Libre, especialmente su vínculo con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y actualmente prófugo de la justicia.
Cuando Haas del Carpio fue alcalde de Pueblo Libre, contrató a Nicanor Boluarte como asesor en 2021, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Según la Contraloría General de la República, esa contratación fue irregular debido al alto cargo que ocupaba su hermana en el gobierno, lo que contravenía las normas que prohíben acuerdos laborales con familiares directos de autoridades públicas. La resolución de la Contraloría subrayó que esta relación representaba un conflicto de interés que debía evitarse.
Un nombramiento bajo escrutinio
El nombramiento de Haas del Carpio ha recordado su gestión como alcalde, pero también su paso por el Tribunal Constitucional. En 2024, ocupó un cargo clave como representante técnico titular del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia, un organismo que busca impulsar políticas de reforma judicial. Su designación en este puesto coincidió con un proyecto de ley impulsado por Dina Boluarte, en el que proponía que el Ejecutivo asumiera la presidencia de este Consejo de manera “indelegable”.
En su nuevo rol como Agregado en España, Haas del Carpio percibirá una Asignación por Servicio en el Exterior equivalente al salario de un Consejero del Servicio Diplomático. Su nombramiento será oficializado mediante una Resolución Viceministerial que establecerá la fecha de inicio de sus funciones. No obstante, su designación ha generado críticas por su vínculo con Nicanor Boluarte, quien ha sido señalado como una figura central en los escándalos que han manchado al entorno más cercano de la presidenta.
Mientras tanto, la situación de Nicanor Boluarte sigue siendo motivo de atención. A más de 50 días de haber sido declarado prófugo, las investigaciones avanzan con la Fiscalía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) trabajando en la recolección de pruebas. La sombra de sus presuntas actividades ilícitas continúa proyectándose sobre el gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y los vínculos de su administración.
Nicanor Boluarte lleva más de 50 días prófugo
Nicanor Boluarte enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en el caso “Waykis en la Sombra”, donde se le señala como presunto líder de una organización criminal de facto. De acuerdo con la Fiscalía, el hermano de la mandataria habría utilizado su influencia para beneficiar políticamente al partido ‘Ciudadanos por el Perú’ y obtener ventajas económicas mediante contrataciones en entidades estatales. Según la acusación, también habrían intervenido en decisiones y contrataciones en Provías Descentralizado y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), buscando mantener un control ilícito sobre estas instituciones.
El 10 de mayo de 2024, Nicanor fue detenido junto a Mateo Castañeda, abogado de la mandataria. Ocho días después el Poder Judicial revocó la detención preliminar, por lo que Nicanor fue puesto en libertad. Desde noviembre del mismo año se encuentra prófugo, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra.
La Fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte operaba como un “influyente en la sombra”, utilizando su vínculo familiar con la presidenta para posicionar personas afines en puestos clave del gobierno. Además, se le acusa de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
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