La tarde del 16 de octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciaron victoriosos la captura del “número dos de Sendero Luminoso”. Menos de dos horas después, el anuncio sería desmentido pues no se trataba de quien ellos decían que era.
“Yo he sido secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas que ellos me ponían, eso es lo que ha sucedido (...) esto ha sido arbitrario”, dijo Iván Quispe Palomino sobre el tiempo que fue privado de su libertad. La exposición pública a la que fue sometido lo motivó a presentar una querella contra los titulares del Mininter y PCM.
Un informe de La República da cuenta de que el señalamiento no fue admitido por contar con errores formales. En un primer momento, la defensa de Quispe Palomino tuvo la oportunidad de apelar a la inadmisibilidad de la querella, pero, a pesar de las subsanaciones realizadas, se insistió en su improcedencia.
El no haber presentado las fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Santiváñez ni Adrianzén fue uno de los motivos por los que no se procedió con la denuncia. Sin estos documentos ninguno de los implicados habría sido notificado debidamente.
La defensa de Quispe Palomino tampoco habría logrado justificar el monto solicitado como reparación civil ni precisar la pertinencia, utilidad y conducencia de tres videos señalados como medios probatorios del delito. El hecho provocó que se archivara el proceso, pero el denunciante podrá apelar a la decisión.
En el texto presentado a finales de octubre, Quispe Palomino dijo que su honor y dignidad humana habían sido lesionados. Este sustentó su querella en dos motivos: ser nombrado número dos de Sendero Luminoso y en el VRAEM y por señalar que portaba un DNI falso al momento de la intervención policial.
Bajos niveles de aprobación
Juan José Santiváñez es cuestionado por su manejo del estado de emergencia, el mismo que ya ha cumplido 60 días y ha sido extendido por 45 más. Al no haber logrado detener la ola delincuencial en Lima y Callao, no son pocos los que creen que su salida del cargo es necesaria. Al menos 80% de ciudadanos y ciudadanas piden su renuncia.
Una reciente encuesta de Ipsos Perú revela que sus niveles de popularidad son tan bajos como los de la presidenta de la República Dina Boluarte. Apenas 4% de respaldo popular. Cabe recordar que el titular del Mininter dijo que daría un paso al costado si acaso el estado de emergencia no cumplía las metas trazadas. Hasta la fecha, Santiváñez sigue a cargo de la institución que vela por la seguridad interna del país.
Las bajas cifras llegan a pocos días de conmemorarse el segundo aniversario del gobierno de Dina Boluarte. La jefa de Estado llegó al poder luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y desde entonces ha sido cuestionada por la manera en que lidió con las protestas en su contra, su manejo de crisis y los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido.
Al cierre de esta nota, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta una crisis de legitimidad que parece recrudecer por los recientes comentarios del expremier Alberto Otárola. Luego de confirmar las intervenciones médicas a las que se sometió la presidenta, se ha puesto en marcha una discusión sobre un presunto abandono del cargo. Desde el Ministerio Público ya se han iniciado las investigaciones correspondientes.
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