
El caminar por las calles del Perú es constante motivo de preocupación. Hoy, tres de cada cuatro peruanos se sienten inseguros al salir de sus casas y aunque este no es un problema nuevo, el incremento de delitos y la impunidad con la que se cometen han puesto el tema en el centro de la atención pública.
En este contexto, en el Congreso, se ha presentado el Proyecto de Ley 9658, que propone aplicar un impuesto del 0.5% a las empresas que facturan más de 2,300 UIT al año. La idea detrás es que un mayor presupuesto contribuirá a una mejora en la seguridad ciudadana. Pero ¿realmente más recursos se traducirán en una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana?

Gestión ineficiente de los recursos del Mininter
Para responder a esa pregunta, debemos observar cómo el Ministerio del Interior (Mininter), que tiene como parte de su misión mantener la seguridad interna de los ciudadanos, gestiona sus recursos. Lamentablemente, encontramos que lo hace de manera ineficiente.
Por ejemplo, al 5 de diciembre del presente año, el Mininter reportaba una ejecución de solo el 52% de su presupuesto para proyectos de inversión. A menos de un mes para que culmine el año, mantiene S/ 113 millones sin ejecutar de S/ 237 millones presupuestados.
Por otro lado, los proyectos del Mininter suelen excederse en costos. En 2023, por cada S/ 100 que planificaba gastar—según lo declarado en los últimos expedientes técnicos de sus proyectos—, terminó desembolsando S/126. Al tercer trimestre de 2024, esto ha aumentado a S/132 por cada S/100.

Además, de sus 201 proyectos activos (en ejecución física y con registro de fecha de fin) al 30 de septiembre del presente año, 193 presentan retraso; con un promedio de 1,272 días; lo que equivale a más de 3 años de retraso. Por ejemplo, un proyecto de adquisición de vehículos para la DEPINCRI de Comas lleva 1,743 días retrasado.
Entonces, ¿de qué servirán mayores recursos si estos no se van a gastar efectivamente en mejorar la seguridad ciudadana; sino que se van a perder en un sinfín de ineficiencias? Más recursos son sin duda necesarios, pero antes se debe mejorar la gestión de estos a fin de evitar que, como viene sucediendo en Perú, el aumento del presupuesto público no impacte en la calidad de vida de los ciudadanos.

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