El líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, deberá someterse a un nuevo juicio por el presunto desvío de más de dos millones de soles destinados a un proyecto de reforestación en el valle del Mantaro.
Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado un recurso de queja presentado por Cerrón para evitar que se reabriera el caso.
El pronunciamiento de la Corte Suprema surgió tras la anulación de una sentencia emitida en febrero de 2022 que lo había absuelto de las acusaciones de malversación de fondos. Según el tribunal superior, existieron inconsistencias en la valoración de pruebas, como la falta de debate pericial entre informes contradictorios y la ausencia de testimonios clave.
En su resolución, los magistrados concluyeron que un nuevo juicio y una nueva sentencia son indispensables para resolver el caso de manera adecuada.
El caso de los fondos desviados
La Fiscalía acusa a Cerrón y a exfuncionarios de su gestión en 2012 de haber desviado S/2.288.088 que estaban asignados a un proyecto de reforestación en la margen derecha del valle del Mantaro. Según el Ministerio Público, este dinero habría sido utilizado para financiar otras nueve obras no contempladas inicialmente.
La defensa de Cerrón argumenta que el cambio de destino de los fondos no fue decisión del exgobernador, sino del Consejo Regional de Junín. A pesar de esto, la fiscal Bonnie Bautista ha solicitado una pena de dos años y 11 meses de prisión efectiva para Cerrón, además de una reparación civil de S/100,000 a favor del Estado.
Por su parte, el recurso de casación presentado por el líder de Perú Libre buscaba cuestionar la motivación de las decisiones judiciales previas y establecer criterios para evaluar la prueba pericial. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que este tipo de recurso no abarca la reevaluación de pruebas, sino únicamente la revisión de reglas probatorias.
Un historial judicial y político complicado
Cerrón permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2023, cuando fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka. Además, enfrenta un mandato de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.
Mientras tanto, el nuevo juicio por malversación se suma a la lista de procesos legales que lo vinculan con irregularidades en su gestión como gobernador. La Corte Suprema destacó que las pruebas documentales, testimoniales y periciales deben ser consideradas con mayor rigurosidad para garantizar una resolución justa en el próximo proceso.
PJ rechaza pedido de Vladimir Cerrón
El pasado 12 de noviembre, el Poder Judicial desestimó un nuevo intento de Vladimir Cerrón para acogerse a los beneficios de la conocida ‘Ley Soto’. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó su solicitud de declarar prescritos los cargos de cohecho pasivo propio en su contra, en el marco del caso ‘Antalsis’, por el cual la Fiscalía lo investiga.
La defensa de Cerrón argumentó que el plazo de prescripción del delito ya había vencido, basándose en los años transcurridos desde la supuesta comisión del delito. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento, señalando que la suspensión de la prescripción establecida por la ‘Ley Soto’ de un año no es aplicable en casos complejos o de crimen organizado, como el que enfrenta el exgobernador.
El juez Cristóbal Ayala, al fundamentar su resolución, destacó que aunque la defensa citó jurisprudencias previas en las que se aplicó la ‘Ley Soto’ para declarar la prescripción en casos ordinarios, estos no son comparables con el presente caso, dado su nivel de complejidad. “El plazo de suspensión de prescripción de un año es razonable, pero no se puede aplicar a casos complejos ni a crímenes organizados”, subrayó el magistrado.
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