PJ rechaza pedido de Vladimir Cerrón: prófugo buscaba aplicar Ley Soto para prescribir caso en su contra

El Poder Judicial rechazó un nuevo intento de Vladimir Cerrón, prófugo secretario nacional del partido Perú Libre, para beneficiarse de la ‘Ley Soto’ en el contexto del caso ‘Antalsis’. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido del también exgobernador de Junín, quien buscaba que se declare prescrito el delito de cohecho pasivo propio, por el cual es investigado por la Fiscalía.

La defensa de Cerrón argumentó que el plazo estipulado en el Código Penal para procesarlo ya había vencido, al contar los años desde que se cometió el presunto delito. Sin embargo, el tribunal consideró que el plazo de suspensión de prescripción de un año, establecido por la ‘Ley Soto’, es razonable y no aplicable a casos complejos o de crimen organizado, como el que enfrenta Cerrón.

“La defensa sostuvo que la norma en cuestión (Ley Soto) ha sido aplicada para prescribir casos en distintas jurisprudencias, ha citado las mismas, a modo de acreditación; no obstante, tales decisiones fueron aplicados en casos de procesos ordinarios comunes, en el que, según nuestra postura, el plazo de suspensión de prescripción de un año es un plazo razonable, lo que no puede ser compatible con casos complejos ni de crimen organizado, como es este caso”, concluyó el juez Cristóbal Ayala en su resolución.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el exgobernador de Junín busca el archivo del caso. El pasado 18 de septiembre, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ya había rechazado un recurso similar presentado por Cerrón para que se declare prescrito el delito de asociación ilícita, también relacionado con el caso ‘Antalsis’.

Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, está bajo investigación por su presunta participación en una organización criminal liderada por el empresario Martín Belaúnde Lossio, que habría defraudado al Estado peruano por más de 26 millones de soles. Según la tesis fiscal, durante su gestión entre 2011 y 2014, Cerrón habría facilitado la ejecución de obras irregulares, como los puentes “Comuneros” y “Eternidad”, a través de convenios interinstitucionales con la empresa SIMA.

El caso se centra en el proceso de adjudicación y ejecución de estas obras, que fueron subcontratadas a la empresa privada Antalsis. Este movimiento permitió eludir ciertas normativas legales, lo que ha levantado sospechas de irregularidades en su tramitación. La fiscalía sostiene que estas acciones formaban parte de un esquema más amplio de corrupción que involucraba a varias entidades y funcionarios.

De acuerdo a la tesis fiscal, durante su mandato como gobernador, Cerrón habría utilizado su posición para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos. La investigación busca determinar el grado de implicación del exgobernador en estas operaciones y si existieron beneficios personales derivados de estos contratos.