En La Libertad, un grupo de delincuentes atacó a agentes policiales e incendió un patrullero en el caserío de Coigobamba, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. El incidente dejó al menos ocho efectivos heridos, pertenecientes al Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los agentes, provenientes de las comisarías de Chagual y Huamachuco, fueron agredidos con piedras, palos, gasolina e incluso disparos al ingresar a una zona de presunta minería informal, cercana a una concesión minera de la empresa Summa Gold.
Los hechos
El conflicto se originó cuando una empresa minera alertó sobre un ataque con armas de largo alcance contra sus trabajadores y personal. En respuesta, los agentes acudieron al lugar, pero fueron recibidos con disparos. Más tarde, una turba de más de 50 personas los agredió con insultos, golpes e incluso intentó prenderles fuego. Aunque lograron escapar, el vehículo policial, identificado con la placa EPF-733, fue incendiado y reducido a escombros.
Los policías huyeron hacia la carretera de Huamachuco, donde recibieron atención médica. Entre los heridos, dos presentan cortes profundos en la cabeza, aunque su estado de salud es favorable.
Rondas campesinas niegan estar involucradas
Las rondas campesinas del caserío de Coigobamba negaron estar involucradas en el ataque y solicitaron al Ministerio Público que investigue para esclarecer lo ocurrido. Según reportes de la agencia Andina, estas organizaciones se han deslindado de cualquier vínculo con la agresión a los policías.
En los últimos meses, la presencia de mineros ilegales ha aumentado en el sector, un fenómeno atribuido a las recientes intervenciones e interdicciones realizadas por la PNP en el distrito y en la provincia de Pataz.
Minería ilegal desata violencia en La Libertad
La región de La Libertad enfrenta un grave panorama de violencia debido a la minería ilegal. Pataz, junto con otras dos provincias, permanece en estado de emergencia debido al incremento de actividades criminales vinculadas a esta problemática.
El 17 de noviembre, las rondas campesinas de Sánchez Carrión incendiaron una camioneta en el caserío de Vaquería, Huamachuco. Según reportes, el vehículo habría sido utilizado por delincuentes para robar baterías de antenas de Internet.
Días antes, en una mina de Pataz, cuatro trabajadores vinculados a la Corporación Huertas perdieron la vida en un ataque ocurrido dentro del socavón donde laboraban. Otro empleado resultó herido. Los cuerpos fueron hallados en un carrito de material utilizado en las operaciones mineras, lo que sugiere una emboscada.
Familiares de las víctimas denunciaron que los atacantes intentaron usar dinamita para borrar evidencia del crimen, aunque el intento fracasó debido a fallas en la mecha.
Este incidente se suma al hallazgo, hace un mes, de 12 cuerpos en una fosa común en Pataz, provincia que se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal en Perú. Según el general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial de La Libertad, los cadáveres habrían estado enterrados hasta tres años en una zona de difícil acceso, dominada por grupos criminales dedicados a la minería informal.
Zavala explicó que muchas desapariciones en la región no son denunciadas debido a la informalidad de las actividades mineras, lo que dificulta registrar a las víctimas. Según sus declaraciones, los fallecidos serían trabajadores migrantes atraídos por la promesa de empleo, pero que terminaron siendo asesinados y enterrados por sicarios al servicio de ‘Los Buitres de Pataz’, una organización que ejerce un control violento sobre la extracción ilegal de oro en la zona.
La situación en La Libertad evidencia el peligroso avance de las mafias mineras, que imponen su dominio mediante crímenes y actos de violencia que afectan tanto a trabajadores como a comunidades enteras.
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