La provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, atraviesa una creciente preocupación por la inseguridad que afecta a sus habitantes, incluso en zonas rurales y mineras. A pesar de que el Gobierno decretó el estado de emergencia en la región, esta medida no logra reducir los índices de criminalidad ni ha prevenido hechos de violencia recientes.
El reciente ataque en una mina de Pataz muestra la violencia que rodea al sector minero en la región. Según el medio SolTV, cuatro trabajadores, vinculados a la Corporación Huertas, perdieron la vida tras un ataque perpetrado dentro del socavón donde laboraban. Un trabajador más resultó herido en el incidente. Los detalles del ataque permanecen bajo investigación, pero según testimonios de compañeros de trabajo y familiares, el ataque se produjo cuando los trabajadores se encontraban en plena faena, lo que sugiere que los agresores pudieron conocer las actividades internas de la mina. Las víctimas mortales fueron identificadas como, Francisco Soriano Chavez, Romani Aguirre Medina, Luis Díaz Zelada y Miguel Polo Leiva, según informaron familiares.
Los cuerpos de los fallecidos fueron hallados en un carrito de material utilizado en las operaciones de la mina, lo que indica que pudieron ser emboscados. Familiares de las víctimas cuentan que los atacantes incluso intentaron utilizar dinamita para borrar evidencia del crimen, pero la mecha no llegó a prender debido a condiciones imprevistas. Familiares de las víctimas exigen justicia y han solicitado que el dueño de la mina rinda cuentas sobre la seguridad del sitio y aclare los motivos del ataque.
“Son cuatro fallecidos. No hay información clara sobre lo que ocurrió en la mina en Pataz. Un familiar que estaba en el lugar también falleció. Simplemente nos dijeron que murió a tal hora, pero desconocemos cómo fue asesinado. No hubo un tiroteo; parece que estuvieron secuestrados o algo similar, ya que todos murieron de un disparo en la cabeza”, relató una de las familiares.
La familia de los fallecidos piden justicia
Los allegados de los trabajadores fallecidos pidieron que las autoridades tomen acciones inmediatas para esclarecer los hechos. La empresa Corporación Huertas, empleadora de las víctimas, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, señalaron los medios locales. La falta de comunicación y de respuestas por parte de la corporación ha generado frustración e incertidumbre entre los familiares, quienes exigen que los responsables de la seguridad en la mina asuman su responsabilidad en la tragedia.
“Estaban trabajando en la Corporación Huertas. Queremos que el dueño de la empresa se acerque y nos dé más detalles, porque hasta ahora nos hemos enterado de lo ocurrido a través de otros trabajadores que también estaban ahí y fueron atacados, no por los parqueros, sino dentro del socavón. Fue complicado para ellos poder sacar los cuerpos”, expresó otro familiar.
Mientras que una joven, familiar de unos de los difuntos, relató que su hermano llevaba aproximadamente cinco meses trabajando en la mina y que no habían tenido noticia de él desde el 7 de noviembre. Según su testimonio, el cuerpo de su hermano, junto con los de los otros trabajadores, fue encontrado en el carrito utilizado para trasladar material, con señales de haber recibido disparos en la cabeza. Para la familia, estos detalles apuntan a un acto premeditado y exigen una investigación exhaustiva.
“Queremos justicia y que el dueño de la mina se haga responsable. Que dé la cara y asuma su responsabilidad, porque mi hermano y las demás personas fallecieron en su empresa. No es solo una persona, son cuatro fallecidos y un herido. Ese herido debe saber cómo ocurrieron las cosas y debe declarar”, exigió la señorita.
Cuestionamientos a la eficacia del estado de emergencia
La falta de avances concretos en materia de seguridad en Pataz es duramente criticada por autoridades locales y representantes comunitarios. El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cuestionó los efectos del estado de emergencia decretado por el Gobierno Central y lo calificó como un “rotundo fracaso”. Desde que se implementó esta medida, hace aproximadamente un año, los índices de criminalidad en la región no han disminuido de manera significativa.
“Pido al Ejecutivo y a la presidenta Dina Boluarte puedan adoptar otro tipo de acciones que nos permitan mitigar los lamentables hechos que a diario se presentan en nuestra región, principalmente en mi provincia, en donde la Policía y el Ejército están solo para cuidar a las grandes empresas mineras”, aseveró.
El alcalde criticó, además, la falta de una evaluación adecuada por parte del Gobierno sobre los resultados de esta medida de emergencia, exigiendo una respuesta contundente y directa que permita reducir los hechos violentos que afectan a su jurisdicción.
Fiscalía inició diligencias para investigar el caso
Mediante las redes sociales, la Fiscalía Provincial Mixta de Pataz ordenó el inicio de diligencias preliminares con el objetivo de esclarecer la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de los cuatro trabajadores hallados muertos en el interior de la bocamina El Río, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, región La Libertad.
El proceso incluyó el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la Unidad Médico Legal II de La Libertad para la realización de las necropsias correspondientes. Además, la Fiscalía dispuso la constatación policial en el lugar de los hechos y la recolección de evidencias en el área donde se perpetró el ataque. Dentro de las medidas investigativas, se tomarán también las declaraciones testimoniales de familiares de los fallecidos y testigos, así como otras diligencias complementarias para obtener más detalles que permitan avanzar en el esclarecimiento de este crimen que conmociona a la comunidad de Pataz.
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