La Policía Nacional del Perú (PNP) informó el miércoles que el 40 % de las exportaciones de oro peruano proviene de actividades ilegales. Este comercio ilícito ha tenido este año como principales destinos a cinco países, según los datos presentados por la Dirección de Medio Ambiente de la institución.
El impacto económico y ambiental de la minería ilegal
El general Gregorio Villalón, jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, señaló que la minería ilegal genera aproximadamente 8.000 millones de dólares al año, representando un grave impacto en la economía formal.
“La actividad minera ilegal se está incrementando, y eso sucede en toda la región. Hemos verificado este aumento en reuniones internacionales con Brasil y Colombia”, indicó Villalón.
Además del impacto económico, la minería aurífera ilegal está vinculada a la deforestación y a la degradación de importantes áreas de la Amazonía. Según Villalón, las regiones con mayor actividad ilícita son Madre de Dios, Loreto, La Libertad, Huánuco, Amazonas y San Martín. Organismos internacionales como el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) han estimado que la minería ilegal ha destruido más de 96.000 hectáreas de bosque en Perú desde 2001.
Principales destinos del oro ilegal
La PNP destacó que, en 2024, los países que lideran la adquisición de oro de origen ilegal son India, el principal comprador, seguido por Canadá, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En este contexto, el general Zenón Loayza Díaz, director nacional de Investigación Criminal, señaló que esta problemática no solo afecta a Perú, sino que se ha convertido en un “delito transnacional grave” que involucra a redes criminales en varios países de la región.
El general Loayza también destacó la importancia de las reuniones sostenidas con representantes de Brasil y Colombia, así como con organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea (UE), para abordar esta problemática. Estas iniciativas buscan fortalecer las operaciones conjuntas contra la minería ilegal y otros delitos relacionados, como el narcotráfico y la trata de personas.
Fallas en la formalización minera
Uno de los factores que facilita la expansión de la minería ilegal es el uso inadecuado del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Desde su creación en 2002, 86.000 personas se han registrado en este sistema, pero solo el 20 % ha logrado formalizarse, según datos presentados por la PNP.
“Este registro está siendo manipulado por mineros ilegales, quienes lo utilizan para actuar en zonas distintas a las declaradas”, afirmó Villalón.
Para combatir estas irregularidades, la PNP ha implementado capacitaciones semanales para sus agentes en delitos ambientales e investigaciones relacionadas. Además, se han instalado puestos de control móviles y bases operativas en zonas críticas para desalentar la actividad ilícita.
La institución también ha desarrollado un sistema de monitoreo y vigilancia satelital, que permite identificar focos de deforestación y minería ilegal a través de mapas de calor. Esta herramienta ha sido clave para ubicar puntos de mayor incidencia delictiva y coordinar intervenciones en áreas específicas.
Próximos desafíos en la lucha contra la minería ilegal
A pesar de los esfuerzos realizados, la minería ilegal sigue siendo un desafío complejo que requiere mayor cooperación internacional y reformas estructurales en el sistema de formalización minera, advierte la PNP. En ese sentido, se enfatizó la necesidad de involucrar a los países importadores de oro en el control de su procedencia, como parte de un enfoque integral para desarticular las redes criminales vinculadas a este delito.
Además, las autoridades destacaron la importancia de sensibilizar a la población sobre el impacto de esta actividad ilícita. Se están llevando a cabo campañas educativas en colegios y universidades para promover la protección del medioambiente y fortalecer el compromiso ciudadano en la lucha contra la minería ilegal.
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