Perú y la nueva Política Energética: ¿Un camino hacia la sostenibilidad y la inclusión?

El mundo viene impulsando un proceso del que muchos hemos escuchado: la transición energética, que consiste principalmente en cambiar las fuentes de energía de combustibles fósiles (como el petróleo) a fuentes menos contaminantes como el aire, luz solar y otros.

Esta fase debe tener prioridades: contribuir con la reducción de la temperatura a nivel global y las inequidades en el país. Para el Perú, este no es un mecanismo nuevo, debido a que el Ministerio del Ambiente (MINAM) ya cuenta con lineamientos para disminuir el uso de combustibles fósiles y lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en cuanto a la acción climática y la protección de la biodiversidad. Además, existen iniciativas regionales y locales que están apostando por explorar alternativas energéticas con menos impactos sociales y ambientales.

Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está desarrollando la Política Energética al 2050, que representa una gran oportunidad para impulsar una transición energética justa que beneficie al país en su conjunto. La versión anterior fue aprobada por el Decreto Supremo 064-2010-EM en 2010, por lo que resulta necesario actualizar dicho instrumento para adaptarlo al contexto climático actual, que ha cambiado significativamente desde entonces, en parte, debido al incremento de la deforestación en los bosques amazónicos, entre otras razones.

La elaboración de esta política marcará un antes y un después en el sector, y se debe cumplir con ciertas condiciones indispensables para abordar los problemas reales de la ciudadanía relacionados con la energía, como la participación ciudadana, la transparencia de la información, tomar en cuenta las necesidades locales y darles prioridad a las energías limpias.

Por ello, es crucial la participación de las comunidades y los pueblos indígenas, como es el caso de aquellas que ven peligrar su territorio por la desmedida promoción de los hidrocarburos y la situación de los pescadores afectados por los derrames ocurridos en zonas marítimas donde, también, se vienen promoviendo actividades extractivas.

Esta actualización debe sentar las bases para que sea viable generar propuestas de alternativas energéticas hacia aquellas comunidades nativas en la Amazonía, que hoy no cuentan con energía y que han sido, además, afectadas por históricos derrames de petróleo.

Una política energética debe ser construida en el diálogo con los pueblos indígenas, aplicando la consulta previa. De lo contrario, se convertiría en un instrumento público que dé la espalda a la ciudadanía y perpetúe deudas históricas con las comunidades afectadas por las industrias extractivas.

Al ser un proceso nacional, este debe trabajarse de la mano con las regiones. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Loreto viene debatiendo sobre la transición energética en su región. Esta conversación debe darse en articulación con el MINEM y la participación de los ciudadanos. Asimismo, la región del Cusco tiene un rol prioritario en la seguridad energética del país porque ahí se ubican los principales yacimientos de gas y, sin embargo, las brechas energéticas, sociales y económicas para los pueblos indígenas han persistido durante 20 años de operaciones gasíferas. Por ello, este instrumento de gestión tiene que ser conversado con las regiones para revisar sus planes regionales, ya que se trata de un asunto de importancia nacional y requiere un enfoque integral.

La gestión del sector energético es compleja, dado su carácter multidisciplinario e intersectorial. Por esta razón, para obtener el respaldo técnico, es indispensable que diversos actores, como el MINAM, el Ministerio de Cultura, los gobiernos regionales y locales, así como las universidades, participen de manera vinculante en la elaboración de la política energética.

Lamentablemente, a pesar de tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, o al menos mejor, el proceso de elaboración de la nueva Política Energética al 2050, hasta la fecha, no ha sido difundido oficialmente por los canales del Estado, lo que limita la transparencia del proceso para la población en general.

Esta es una oportunidad para que el MINEM fortalezca la gobernanza energética, expresada en una gestión con transparencia y participación, que responda a los debates actuales, que respete los derechos, los cuales deberían apuntar a resolver las brechas históricas y plantear soluciones reales. Para lograrlo, es importante ajustar el proceso de elaboración de la política hacia una gobernanza y un diálogo efectivo en todos los niveles.