El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional (PNP), se retractó de sus recientes declaraciones en las que comparaba la seguridad en Perú con la de El Salvador, el país centroamericano que se encuentra bajo un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de crímenes.
En una entrevista difundida este domingo en Punto Final, Arriola explicó que, al analizar sobre la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, los índices de ambas naciones eran comparables. Sin embargo, luego de recibir críticas, admitió que su comentario pudo haber sido “inoportuno” ante la ola de extorsión denunciada por transportistas, que forzó la declaración de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao.
“Lo dije porque durante una reunión de Interpol en Bahamas se resaltó internacionalmente que nuestros valores estaban bien y (nos preguntaron) cómo habíamos logrado tener 3650 criminales extranjeros venezolanos, de los 4700 extranjeros dentro (de las cárceles), muchos de ellos integrantes del Tren de Aragua”, agregó. Según el general, estos logros justificaban su afirmación.
No obstante, reconoció que pudo haber sido malinterpretado y poco acertado. “Es por eso que hice esa relación también por algunas que tienen que ver con la percepción. Sí, puede que haya sido inoportuno”, matizó. La semana pasada, Arriola sorprendió al afirmar que el Perú, después de El Salvador, es uno de los países más seguros del continente.
En la misma entrevista, el general también criticó a la Fiscalía por liberar a delincuentes capturados en flagrancia y exhortó a implementar “medidas más fuertes”. Anteriormente, Arriola había indicado que la percepción de inseguridad “está en 84% porque la gente siente, cree y ve información” en la prensa, pese a que el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el indicador se incrementó de 82.6% a 86.1% este año.
Decenas de empresas del gremio de transporte salieron a las calles y suspendieron sus actividades esta semana para mostrar su indignación por la extorsión, que en las últimas semanas ha causado tres asesinatos. La extorsión afecta especialmente a propietarios de pequeños negocios, transportistas, ciudadanos que piden préstamos e incluso a colegios y comedores sociales.
La jornada de protesta fue pacífica, empezó temprano y la ciudad experimentó tramos con fuerte tráfico y largas filas de pasajeros que intentaban llegar a sus lugares de trabajo, pero en general, la población empatizó con los transportistas por la causa que defendían.
Alrededor de las 14:00 horas, el Gobierno anunció la declaración de emergencia por 60 días los distritos limeños, donde la PNP mantendrá el control interno y las Fuerzas Armadas brindarán apoyo para garantizar la seguridad de la población en estas zonas.
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