El Colegio de Abogados de Lima (CAL)cuestiona la modificación de la ley contra el crimen organizado, aprobada en julio por el Congreso de la República. Según la institución, esta nueva normativa ha creado un entorno propicio para el aumento de las actividades delictivas, especialmente las extorsiones, que afectan principalmente a los transportistas.
En un comunicado, el CAL responsabilizó al Parlamento por la promulgación de leyes que redefinen el concepto de crimen organizado. Estas modificaciones, según el colegio, han facilitado la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos. Además, el CAL compartió la inquietud de gremios empresariales, sindicatos, colegios profesionales y la ciudadanía en general ante la grave situación de inseguridad y criminalidad que enfrenta el país.
El Colegio de Abogados de Lima también criticó la “inacción” del Gobierno de Dina Boluarte frente a esta problemática. En su comunicado, el CAL exhortó al Ministerio del Interior y a las fuerzas del orden a actuar de manera efectiva y rigurosa, siempre dentro del marco constitucional, para combatir y erradicar la delincuencia que azota al país, especialmente en el contexto del estado de emergencia declarado.
La institución reiteró la necesidad de que el Ejecutivo impulse una reforma integral del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Según el CAL, esta reforma debe estar orientada a ofrecer soluciones reales y eficaces para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana.
El Colegio de Abogados de Lima enfatizó que la situación actual requiere una respuesta inmediata y coordinada entre las diversas instituciones del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
PL de “terrorismo urbano” no resolverán la inseguridad
En una reciente entrevista con Exitosa Noticias, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo que busca tipificar delitos como el sicariato y la extorsión bajo el término de “terrorismo urbano”. Canelo calificó esta iniciativa como una medida “populista jurídica” que no resolverá la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
En el programa ‘Informamos y Opinamos’, conducido por Karina Novoa, Canelo argumentó que cambiar la denominación de los delitos no implica un cambio en la realidad ni afecta las leyes vigentes. Subrayó que la extorsión, el sicariato y el secuestro ya cuentan con penas severas dentro del sistema legal peruano, y que no existe ningún país europeo o latinoamericano que regule este concepto de “terrorismo urbano”.
Raúl Canelo enfatizó que denominar a estos delitos como “terrorismo urbano” no es técnicamente correcto y tampoco tiene respaldo internacional. “Cambiar el título a los delitos no cambia nada. Denominar a este conjunto de delitos como sicariato, secuestro, extorsión y decir que es terrorismo urbano, técnicamente no es correcto, además internacionalmente tampoco es correcto. No hay ningún país europeo y latinoamericano que haya regulado esto que quieren llamar terrorismo urbano”, declaró Canelo a Exitosa.
El decano también destacó que la medida no aborda las causas profundas de la inseguridad y que, en lugar de proponer soluciones efectivas, se recurre a un cambio de nomenclatura que no tendrá impacto real en la lucha contra el crimen. Según Canelo, es necesario enfocarse en políticas públicas que fortalezcan la seguridad y la justicia, en lugar de adoptar términos que no aportan soluciones concretas.
La propuesta del Ejecutivo ha generado un debate en diversos sectores de la sociedad, con opiniones divididas sobre su efectividad y pertinencia. Mientras algunos consideran que el término “terrorismo urbano” podría reflejar la gravedad de los delitos y disuadir a los delincuentes, otros, como Raúl Canelo, creen que es una medida superficial que no aborda los problemas estructurales de la inseguridad en el país.
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