Dina Boluarte a punto de enfrentar su tercera denuncia constitucional por desactivar equipo PNP de apoyo a Eficcop

“Es la plata del pueblo coronel”, con estas palabras la presidenta Dina Boluarte intentó que el coronel PNP Franco Moreno Panta, coordinador del Equipo Especial y jefe de la Diviac, le dijera si se llevaría a cabo un operativo en contra de su hermano, Nicanor Boluarte.

Este es uno de los testimonios que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, considera para la tercera denuncia constitucional que presentará ante el Congreso en contra de la jefa de Estado, acusándola por ser la autora del delito de obstrucción a la justicia y como instigadora del delito de encubrimiento personal, según dio a conocer el semanario Hildebrandt en sus trece.

El 10 de mayo de 2024, fue una fecha difícil para la mandataria. Además de la detención preliminar de su hermano y de su ex abogado, Mateo Castañeda, el Ministerio Público dispuso iniciar las diligencias preliminares en su contra y su entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, por desmantelar el grupo especial de la PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esta decisión fue anunciada por la presidenta y Ortiz un día antes, el 9 de mayo, por una supuesta “duplicidad de funciones” con la Diviac.

El principal hallazgo encontrado hasta hoy por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constituciones de la Fiscalía que constituye un “indicio razonable” para presentar la acusación contra Boluarte Zegarra es el testimonio de un testigo protegido que revela un plan orquestado en Palacio de Gobierno para desmantelar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP y así evitar que continúen las investigaciones en su contra y la de su entorno más cercano.

Salida de Colchado

El primer paso de este plan fue la salida de Harvey Colchado, quien participó en el allanamiento a su vivienda y a Palacio de Gobierno. Esta diligencia se realizó por el caso Rolex, donde Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Con Colchado fuera de la Diviac, la presidenta creyó que sería más fácil conocer y detener los próximos operativos en su contra.

Sin embargo, cuando el coronel PNP Franco Moreno no respondió a las preguntas de Boluarte y la Diviac no frenó las investigaciones contra hermano, ella decidió desactivar al grupo especial de la PNP que apoyaba al Eficcop, Boluarte Zegarra siguió el consejo de quien entonces era viceministro de Orden Interno, Juan José Santiváñez.

Lo dicho por el testigo protegido de la Fiscalía cobra fuerza con las posteriores declaraciones del capitán PNP, Junior Izquierdo Yarlaqué, que reveló el deseo de Santiváñez de llegar al puesto de ministro del Interior y para conseguirlo ofreció debilitar a la Diviac.

En manos del TC y el Congreso

Ahora, el fiscal de la Nación debe presentar esta acusación al Congreso, antes que el Tribunal Constitucional resuelva las demandas competenciales interpuestas por el gobierno de Dina Boluarte, contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos recursos no son más que una estrategia de la mandataria para frenar las investigaciones en su contra.

Como se recuerda, el Ejecutivo anunció la demanda competencial interpuesta ante el TC argumentando que tanto el Poder Judicial, como la Fiscalía vulneraron el artículo N° 117 de la Constitución, que otorga inmunidad a la presidenta, y dice que no puede ser acusada mientras está en funciones, salvo cuatro delitos.

En caso el TC se pronuncie por los alcances de la inmunidad y falle a favor de la presidenta, se anulan las investigaciones y todos los elementos incautados durante el allanamiento a su vivienda y Palacio de Gobierno quedarían sin efecto.

Por otra parte, hay que recordar el estado de las dos denuncias que ya se presentaron ante el Congreso en contra de Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida en ese entonces por Lady Camones, de Alianza Para el Progreso, resolvió archivar la acusación por las muertes en las protestas, pero aprobó la de enriquecimiento ilícito por el caso Rolex. Esta vez, es María Acuña, también de APP, uno de los partidos aliados del gobierno, quien recibiría la tercera acusación contra la presidenta.