Este 11 de septiembre, autoridades fiscales del Ministerio Público emitieron un pronunciamiento en contra de la reciente autógrafa de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para otorgar a la Policía Nacional del Perú (PNP) la conducción de las investigaciones preliminares.
Según han señalado en un video compartido en redes sociales, dicho dictamen es considerado como una amenaza a la independencia del sistema de justicia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El pronunciamiento subraya que esta reforma es manifiestamente inconstitucional, ya que transfiere a la PNP, una entidad que depende del Poder Ejecutivo, la dirección de las investigaciones, lo que podría afectar la objetividad y conducir a riesgos de impunidad, sobre todo en casos de corrupción de altos funcionarios. Resaltaron que la transferencia de estas facultades a la PNP representa una violación a la separación de poderes, uno de los pilares del Estado de Derecho.
En esa línea, invocaron a los poderes del Estado peruano, los organismos públicos constitucionalmente autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú, a pronunciarse sobre las referidas iniciativas legislativas que consideran inconstitucionales. Asimismo, han pedido que la presidenta Dina Boluarte observe el proyecto de ley.
“Solicitamos a la señora presidenta de la República que, en el ejercicio de sus prerrogativas, proceda con pleno respeto a la Constitución Política del Perú y observe el proyecto de Iey que atenta contra la separación de poderes, el acceso a la justicia, el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a quienes el Ministerio Público se debe, en defensa de la democracia, la legalidad y la sociedad en su conjunto”, afirmaron.
Sobre la polémica norma
Hace una semana, el Congreso de la República aprobó una reforma al Código Procesal Penal que otorga nuevas facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para la conducción de investigaciones preliminares, con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones.
Con la aprobación de la reforma, se modifica el artículo 60 del Código Penal, que establece que el fiscal conducirá jurídicamente la investigación preliminar, la cual será ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, el artículo 65 señala que el fiscal deberá ordenar de forma inmediata que la PNP realice las diligencias preliminares una vez tenga conocimiento de un delito.
La reforma también establece que, al iniciar una investigación preliminar, el fiscal debe precisar su objeto, plazos y las formalidades necesarias para que los actos realizados por la Policía sean válidos. Además, los policías encargados de la investigación deben informar al Ministerio Público sobre las diligencias realizadas y colaborar en la investigación preparatoria. El dictamen aclara que el cumplimiento de las disposiciones fiscales no implica subordinación de la Policía hacia el Ministerio Público.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Poder Ejecutivo no devolverá el dictamen al Congreso y se publicará sin mayor crítica. “Vamos a cumplir como lo que corresponda, con implementar la ley en lo que a nosotros compete, no hemos evaluado la posibilidad de observarla”, aseguró.
Respecto a las críticas sobre la inconstitucionalidad, señaló que aquellos que lo consideren así deberían presentar una demanda ante el máximo intérprete de la Constitución, pero mientras eso no suceda, “tenemos todos la obligación de cumplirla”.
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