La presidenta Dina Boluarte recibió este miércoles en Palacio de Gobierno al alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien se encuentra investigado por presunta organización criminal dedicada al lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas, como parte del caso que implica a la Universidad Alas Peruanas (UAP).
La jefa de Estado participó en la firma de un convenio interinstitucional para el proyecto Presa Chonta, en un acto acompañado por los ministros de Economía, José Arista; de Vivienda y Construcción, Hania Pérez de Cuéllar; y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero. No obstante, la presencia de Ramírez captó la atención de la prensa debido a su historial judicial.
En 2016, otra acusación surgió en Estados Unidos, cuando el piloto comercial y excolaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Jesús Vásquez, reveló que Ramírez recibió de Fujimori unos 15 millones de dólares para lavarlos. Vásquez aseguró haber grabado a Ramírez a solicitud de la agencia estadounidense, cuya vocera, Anne Judith Lambert, confirmó en Cuarto Poder que existía una “investigación sumamente seria”, aunque desligó de la pesquisa a la lideresa fujimorista.
En abril de 2023, el Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional (PNP), realizó un operativo de incautación de bienes en varios locales de la UAP. Según la tesis fiscal, el alcalde habría financiado la campaña electoral de Fujimori en 2016 con fondos de esta universidad, cuyo fundador fue su tío, Fidel Ramírez.
La misma lideresa enfrenta actualmente un juicio oral por presunto lavado de activos debido a los aportes ilegales supuestamente recibidos en sus últimas campañas electorales de diversas empresas, incluida la constructora brasileña Odebrecht y grandes corporaciones peruanas.
Esta semana, la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos solicitó al Poder Judicial la incorporación de la UAP como tercero civilmente responsable en la investigación preparatoria contra Ramírez. Conforme a la normativa establecida en el Código Procesal Penal, la Procuraduría busca que la universidad asuma el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso los investigados no puedan hacerlo con sus bienes, de ser hallados culpables de los presuntos delitos de fraude en la administración de persona jurídica, defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal.
Agradeció diálogo con bancadas
Boluarte y Ramírez posaron para la fotografía oficial. Durante la ceremonia, la mandataria aseguró que el diálogo sostenido con diferentes líderes políticos y bancadas del Congreso ha permitido “fortalecer la agenda de trabajo en beneficio de todos los peruanos y peruanas”.
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