La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) ha expresado su total y enérgico rechazo hacia la reciente promulgación de la Ley 32107 por parte del Congreso de la República del Perú. Esta ley se propone delimitar la aplicación de crímenes de lesa humanidad y de guerra en la legislación peruana, según la organización, favoreciendo la impunidad e ignorando los dolorosos esfuerzos de miles de familias en su búsqueda de justicia.
El impacto central de la Ley 32107 es que fija que ningún hecho anterior antes de julio de 2002 puede ser juzgado bajo el marco de crímenes de lesa humanidad. Esta disposición, según ANFASEP, contradice los principios del derecho internacional que establecen la imprescriptibilidad de estos crímenes. La promulgación de esta ley ha sido considerada como un retroceso peligroso en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
ANFASEP, organización fundada en 1983, ha trabajado incansablemente para denunciar los crímenes cometidos durante los años más oscuros de la historia reciente del Perú. La asociación considera que esta nueva normativa favorece la impunidad y perpetúa un ciclo de violencia y olvido que ha causado gran daño a la sociedad peruana.
En un llamado urgente, ANFASEP ha instado a los jueces y fiscales del país a que no apliquen esta ley, argumentando que deben ejercer su independencia y su deber moral de proteger los derechos fundamentales y la dignidad humana. Para la organización, la inaplicación de esta ley sería un acto de justicia y resistencia frente a un retroceso que amenaza con borrar los avances logrados en la lucha contra la impunidad.
Reiterando su compromiso con las víctimas y sus familias, la agrupación ha declarado que continuará su lucha por la justicia y la verdad, asegurando que no permitirán que esta normativa los haga retroceder en sus esfuerzos por un Perú donde se respeten los derechos humanos y se preserve la memoria histórica. Enfatizan la necesidad de que tanto el Estado peruano como la comunidad internacional tomen medidas para garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que las víctimas reciban la justicia que merecen.
Alto Comisionado de la ONU insta a Perú a retractarse de ley
Las nuevas leyes en Perú que permitirán la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002 han suscitado preocupación a nivel internacional. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su consternación ante esta medida que podría contravenir las obligaciones de Perú conforme al derecho internacional. Este cambio legislativo surge en un contexto más amplio de retrocesos en derechos humanos y el Estado de derecho en el país andino.
Türk subrayó que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra están entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deberían ser objeto de amnistías ni prescripción. Insistió en la importancia de que las personas responsables de estos actos atroces sean llevadas ante la justicia para rendir cuentas, conforme a las normas internacionales.
La nueva normatividad es preocupante porque afecta directamente a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de miles de víctimas en Perú. La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, sin importar cuándo fueron cometidos, compromete seriamente estos derechos.
Este movimiento de la legislación peruana acarrea la peligrosa posibilidad de que las graves violaciones cometidas en el pasado queden impunes. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades peruanas a reconsiderar la ley y asegurarse de que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra aún puedan ser juzgados y sancionados de manera adecuada.
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