Pensión para Alberto Fujimori: Alejandro Aguinaga sostiene que subsidio no puede ser anulado por “decisión unilateral del Congreso”

El expresidente Alberto Fujimori tiene derecho a una pensión vitalicia, según diversas cláusulas de la Constitución Política del Perú, según declaró el médico del dictador y congresista de la República, Alejandro Aguinaga.

El parlamentario de Fuerza Popular, explicó que estos derechos son inalienables e imprescriptibles, motivo por el cual no pueden ser anulados por decisiones unilaterales del Congreso o de su presidente, Eduardo Salhuana, informó Canal N.

La controversia surgió tras el reciente planteamiento de Salhuana de suspender la pensión de Fujimori. Aguinaga sostuvo que esta decisión no tiene sustento legal y que solo un proceso judicial podría anular una pensión, y únicamente bajo condiciones específicas como fraude o falta de contribución adecuada.

Además, resaltó que tanto la Constitución como las leyes del país son claras en este aspecto y que cualquier acción en contra sería una “barbaridad jurídica”.

El congresista explicó que Fujimori recibe su pensión conforme a la ley, diferenciando su caso del de otros beneficiarios de pensiones de gracia, como artistas o atletas, que no tienen el mismo mérito, detalló Canal N.

Aguinaga citó artículos constitucionales y opiniones de reconocidos constitucionalistas como Valle Riestra, Marcial Rubio, y Domingo García Belaunde. En particular, recordó el artículo 139 de la Constitución, que establece la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria, incluyendo la amnistía y el indulto.

Defensa de Fujimori objeta contra presidente del Congreso

Por su parte, el abogado defensor de Fujimori, Elio Riera, también se pronunció, indicando que no es función del presidente del Congreso suspender la pensión otorgada al exmandatario. Riera afirmó que la pensión había pasado diversas evaluaciones técnicas, jurídicas y logísticas para ser declarada válida como acto administrativo, y que cualquier irregularidad debería ser denunciada debidamente.

En esa línea, el letrado subrayó que los funcionarios administrativos son responsables de sus actos y, si se considera que hubo omisiones o errores, deberían ser sancionados por la Oficina de Control Interno. Añadió que el Congreso puede modificar la ley que entrega una pensión vitalicia a los expresidentes, pero no cancelarla arbitrariamente.

En tanto, Aguinaga reiteró que la ley no faculta la posibilidad de anular una pensión sin un proceso judicial adecuado. “Cuando hay derecho a la pensión, solo se puede quitar mediante un proceso judicial. Alberto Fujimori es presidente constitucional,” afirmó el congresista.

APP y Fuerza Popular se enfrentan

En declaraciones a Canal N y RPP, Salhuana argumentó que la Ley 26519, bajo la cual se fundamenta la pensión de Fujimori, “no es clara” y presenta “vacíos legales”. Al respecto, manifestó que “es necesario y pertinente iniciar un periodo de consultas que nos permita tener una mirada más amplia y objetiva sobre la ley 26519. Mientras duren estas consultas, vamos a plantear a la Mesa Directiva que se suspenda el otorgamiento de esta pensión y, luego de esta consulta, tomar una decisión definitiva”.

Salhuana adelantó que formalizará la propuesta este viernes ante los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento, destacando que su gestión debe ser “sumamente receptiva a la opinión de la ciudadanía”.

Sin embargo, no todos los integrantes del Parlamento están de acuerdo. Patricia Juárez, vicepresidenta del Parlamento y miembro de Fuerza Popular, se mostró en desacuerdo, señalando en una entrevista con Canal N que la evaluación de la pensión no es competencia de la Mesa Directiva y que defenderá su otorgamiento por considerarlo un “tema de justicia” enmarcado en la ley.

En días recientes, César Delgado Guembes, exoficial del Congreso, calificó de “trámite incorrecto” el que la autorización de la pensión no haya sido dada por la Mesa Directiva. Delgado mencionó que se delegó a otras instancias para “obviar la dimensión propiamente constitucional, legal o política del problema”.