Crece el debate sobre la posible presidencia de Eduardo Salhuana Cavides en el Congreso de la República, y no son pocas las voces que manifiestan sus críticas y preocupaciones al respecto. Son siete bancadas, incluyendo partidos como Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú, las que respaldan su candidatura.
De acuerdo a José Echave, exviceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente en el Gobierno de Ollanta Humala, esta diversidad de apoyo revela una especie de bancada multipartidaria en el Legislativo que estaría vinculada a la minería informal o ilegal.
Historial desapercibido de Salhuana
Eduardo Salhuana no es ajeno a los cargos públicos y a la representación política. En 2004, cuando se desempeñó como congresista y titular del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Alejandro Toledo, promovió la entrega de derechos mineros en zonas de amortiguamiento de áreas naturales.
Además, durante ese año y en adelante, se destacó por unificar a mineros en Madre de Dios, región amazónica gravemente afectada por la actividad a nivel ambiental y social.
Mientras que, en el último tiempo, Salhuana ha impulsado varias normas que favorecen a este sector. Un ejemplo es la derogación del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la Policía Nacional a actuar contra la tenencia ilegal de explosivos por parte de personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), presuntamente utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal a fin de operar con impunidad.
Asimismo, otra ley modificada por el único congresista por Madre de Dios es la acreditación de una sola constancia de inscripción del Reinfo para ser proveedor minero y la prolongación de la vigencia del proceso de formalización minera.
Por otro lado, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) y diversas organizaciones indígenas, tales como el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Shawi y Chapra, a través de un pronunciamiento, han solicitado a la sociedad civil hacer frente a la designación de Salhuana, del partido Alianza para el Progreso, como presidente de la Mesa Directiva, ante la posibilidad de que este limite la lucha contra la economía ilegal.
Al pedido se suman la Asociación SEPAR, la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quienes subrayan que es esencial que todas las bancadas políticas se comprometan a combatir las actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas.
Adicionalmente, hicieron hincapié en la urgencia de asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones mediante leyes que protejan la biodiversidad y los ecosistemas, así como a las poblaciones afectadas, especialmente pueblos indígenas, incluyendo aquellos que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), por estas actividades ilícitas.
El listado de organizaciones y personas que respaldan el comunicado incluye al Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto del Bien Común (IBC) y reconocidos especialistas en materia ambiental como César A. Ipenza Peralta y Mariana Orihuela Wagner, entre otros.
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