La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no declaró los USD 3,65 millones recibidos del empresario Dionisio Romero Paoletti entre el 3 de noviembre de 2010 y el 23 de mayo de 2011, período en el que ejercía como congresista, y estaba obligada a presentar su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas conforme a la Ley 27482.
Una inspección reservada de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) acreditó los aportes del empresario y en 2019 Fujimori no solo confirmó la recepción de esos fondos, sino que admitió haberlos ocultado. “La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias... Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias”, escribió en Twitter, ahora X.
En 2010, la lideresa naranja reportó S/117,500 en bienes y S/513,872 en el rubro “Otros” (que incluye cuentas bancarias). En 2011, declaró los mismos S/117,500 en bienes y S/603,700 en “Otros”, sin señales de los USD 3,65 millones. Entre noviembre y diciembre de 2010, el empresario dispuso de efectivo del Banco de Crédito del Perú (BCP) para suministrar USD 700,000 (equivalente a S/2,520,000) a Fujimori, conforme el informe de la SBS.
Y entre enero y mayo proporcionó USD 2,950,000 (equivalente a S/11,210,000). En total, Fujimori recibió S/13,730,000 entre noviembre de 2010 y mayo de 2011, monto que no registró en sus declaraciones juradas. El artículo 5° de la Ley 27482 especifica que los legisladores deben proporcionar información sobre sus ingresos, bienes y rentas, incluyendo bienes inmuebles, ahorros y todo aquello que reporte un beneficio económico.
Fujimori no lo hizo, de modo que vulneró la norma. En su declaración por Twitter de hace cinco años, afirmó que “no existió lavado de activos”, por lo que deberá explicar el destino de esa millonaria suma no reportada.
El caso
La política, quien ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, es señalada por el fiscal José Domingo Pérez como la cabecilla de una organización criminal dentro de su partido. En 2021, tras más de dos años de investigación, el Ministerio Público pidió 30 años de cárcel para Fujimori por cargos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La acusación también incluye a Fuerza Popular y a MVV Bienes Raíces SAC, para los cuales propone su disolución y liquidación en caso de una sentencia condenatoria. El juicio responde a los millonarios aportes que presuntamente recibió de empresas como Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, y en las que su entorno más cercano en el partido Fuerza Popular participó aparentemente como intermediario.
La Fiscalía ha citado a 1.031 testigos en el proceso, entre los que se encuentran los exejecutivos de Odebrecht, y otros representantes de compañías peruanas que aportaron a la campaña electoral de Fujimori. El exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en 2018 a la justicia que entregó 1,2 millones de dólares para la campaña de Fujimori, así como lo hizo con los entonces candidatos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
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