Millones de pacientes oncológicos en Perú podrían perder acceso a terapias vitales

La asociación Por un Perú Sin Cáncer busca un acuerdo para asegurar la viabilidad financiera de tratamientos contra el cáncer frente a la intención de las aseguradoras de anular el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer

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Cada 15 de febrero se
Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. | Getty Images

La asociación Por un Perú Sin Cáncer (PUPSC) ha hecho un llamado a las autoridades y aseguradoras del país para iniciar una mesa de diálogo que busque resolver la viabilidad financiera de tratamientos novedosos contra el cáncer. Este pedido surge ante la intención de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) –entre ellas Rímac, Pacífico, Sanitas Perú, Mapfre Perú y La Positiva– de invalidar el artículo 7.2 del Reglamento de la Ley Nacional de Cáncer. Dicho artículo establece que las pólizas oncológicas deben incluir tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, independientemente de la condición del estudio clínico.

De acuerdo con PUPSC, pretender anular esta disposición vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la salud, garantizados por los artículos 2 y 7 de la Constitución Política del Perú. Gianina Orellana, directora de la asociación, expresó: “La Ley Nacional del Cáncer y su reglamento son un avance significativo en el derecho a la vida y la salud de todos los peruanos, pues permite el acceso de los pacientes oncológicos a terapias innovadoras aprobadas por la FDA, EMA y otras agencias regulatorias en el mundo, además de estar incluidas en las Guías de Práctica Clínica y con evidencia de uso en favor del paciente”.

Orellana agregó: “No podemos precarizar el derecho a la vida y a la salud de los pacientes oncológicos. Instamos a las autoridades judiciales responsables del proceso a garantizar la vigencia plena de la Ley Nacional del Cáncer”.

Vocera del Semáforo Oncológico y
Vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia alertó del hecho. | Andina

La preocupación de PUPSC se centra en el impacto que tendría la aprobación de esta demanda de las aseguradoras. Según estimaciones de la asociación, de aceptarse la propuesta, cerca de 4 millones de peruanos quedarían sin cobertura para medicamentos innovadores cuando los necesiten. Asimismo, se abriría la posibilidad para que otras compañías de seguros restrinjan el acceso a estos tratamientos vitales.

La asociación reafirma que la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento representan un progreso crucial en la defensa de los derechos de los pacientes oncológicos. En ese contexto, PUPSC insiste en la necesidad de una discusión abierta y participativa entre todos los actores involucrados, con el fin de encontrar soluciones que no comprometan el acceso a terapias avanzadas y que cumplan con los derechos establecidos en la Constitución.

La importancia de dicha ley
La importancia de dicha ley no solo se limita a los pacientes, sino que se extiende a la prevención de este mal. | Andina

Solicitan mesa de diálogo con las aseguradoras privadas

Para la asociación Por un Perú Sin Cáncer, es esencial reconocer el valioso aporte de las aseguradoras en el suministro de tratamientos a pacientes oncológicos. En Perú, donde el sector público enfrenta serias limitaciones para proporcionar una cobertura gratuita y de alta calidad conforme a la Ley Nacional del Cáncer, la intervención de las aseguradoras es crucial.

El sistema de salud público no logra satisfacer completamente la demanda de servicios oncológicos, dejando a muchos pacientes en una situación vulnerable. Debido a esta realidad, la asociación considera vital integrar esfuerzos entre los diferentes actores del sistema sanitario.

Ante este panorama, la asociación Por un Perú Sin Cáncer hace un llamado a las aseguradoras y a las autoridades gubernamentales para crear una mesa de diálogo. Este espacio sería esencial para discutir y encontrar soluciones viables que permitan la adecuada financiación de los tratamientos oncológicos, facilitando que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) puedan suministrar estos servicios sin trabas económicas o administrativas.

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