La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sugirió que su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), pague los 57 millones de soles que adeuda al Estado como reparación civil en cuotas y con la pensión que recibe como exprofesor universitario.
En una entrevista difundida el último viernes en Beto a Saber, la política mencionó que su progenitor, quien fue docente y rector en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, no tiene los fondos para saldar la deuda en su totalidad, pero existe la intención de cumplir con la obligación impuesta por la justicia.
En diciembre de 2023, cuando Fujimori fue excarcelado, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que la liberación no lo exime de pagar la reparación civil al Estado. Precisó, además, que los 57 millones incluyen los intereses generados por el no pago de la reparación impuesta por el Poder Judicial por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Además, explicó que dicha suma no puede ser cobrada mediante la incautación de su pensión vitalicia, ya que, entre otras razones, no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada.
La Universidad Agraria aceptó en 2018 el pedido de Fujimori para cobrar una pensión de S/1.589. Sin embargo, según el Código Procesal Civil, las pensiones son inembargables si no exceden las cinco unidades de referencia procesal (actualmente, unos S/2.515)
En mayo pasado, el exautócrata pidió formalmente al Congreso el pago de su pensión vitalicia y otros beneficios. Elio Riera, su defensa legal, explicó que formalizó dicha solicitud a mediados respaldada en una ley que incluye pensión vitalicia por un valor de 15.600 soles, guardaespaldas, un vehículo y combustible. El requerimiento aún está en evaluación.
Fujimori enfrenta un proceso judicial en el que se le acusa de ser el autor mediato de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado como delito de lesa humanidad, por el secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos de Pativilca en 1992 por parte del comando militar encubierto Colina.
Esta ampliación es, al menos, la tercera en su extradición. La primera fue en junio de 2017 por el caso Pativilca, mientras que la segunda se aceptó en enero de 2024 por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, y conspiración, entre otros. Recientemente, el exdictador fue sometido a una cirugía para colocar una prótesis de titanio. Los médicos tuvieron que esperar unos días para el procedimiento debido a su medicación con anticoagulantes por problemas cardíacos
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