La investigación fiscal, en etapa preliminar, contra el expresidente Martín Vizcarra fue reabierta. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitará al Poder Judicial que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el secreto bancario del exmandatario. Como se sabe, en este caso se le investiga porque habría colaborado con empresas privadas para la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 y la emisión de normas para incluirlas en la política de salud del Estado.
Otra labor que viene impulsando el fiscal Villena es la ampliación de los testimonios de Martín Vizcarra y sus exministros, así como recabar de fuentes abiertas las recomendaciones o directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud sobre el tipo de pruebas a emplearse para la detección del virus causante de la COVID-19 durante los primeros meses de 2020.
A este pedido, se suma otro dirigido al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima, con el objetivo de que informe si en el contexto de la investigación fiscal a otras personas por este caso se ha recabado alguna declaración, informe, registro de audio o video, o cualquier documento que señale la presunta intervención de los investigados, y que acompañen copias certificadas de dicha información, si existiese.
Como se sabe, el pasado 15 de junio la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió al fiscal Juan Carlos Villena que vuelva a investigar el caso de las supuestas irregularidades en la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19. A través de un comunicado en redes sociales, la PGE informó que ha pedido un nuevo análisis de la evidencia basado en 9 elementos concretos, con la intención de que se reabra la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos delitos de colusión o, de manera alternativa, negociación incompatible.
Esta solicitud surge después de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunciara el archivo del caso y la decisión de no presentar una denuncia constitucional. En una entrevista con RPP, Villena explicó que no se encontraron pruebas suficientes que respalden la acusación de colusión contra Vizcarra en perjuicio del Estado.
El fiscal destacó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la adquisición de las pruebas y que, tras las investigaciones realizadas, no se hallaron pruebas contundentes que sustenten la imputación.
En febrero de 2023, el Congreso había aprobado un informe que recomendaba iniciar un proceso constitucional contra Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete. El informe señalaba que Vizcarra y las exministras habrían coordinado la compra de pruebas rápidas, contradiciendo las políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares.
“Desde el inicio de esta investigación he colaborado con las investigaciones fiscales, las que han determinado que en la famosa reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas se discutió la escasez de insumos en el mercado mundial y el hecho de contar con un solo laboratorio de diagnóstico. La justicia ha prevalecido y se ha reconocido que no existió delito alguno en mi actuación”, sostuvo.
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