‘Ley Soto’: Congreso aprueba en segunda votación ley para obligar a los jueces a aplicar dicha norma

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen con el que se busca reafirmar la vigencia de la Ley 31751, también conocida como la ‘Ley Soto’, y obligar a los magistrados a aplicar dicha norma. El texto recibió 17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

Esta iniciativa fue una respuesta al Acuerdo Plenario N.º 05-2023/CIJ-112 de las Salas Penales de la Corte Suprema, acuerdo que calificó como inconstitucional la ‘Ley Soto’, que reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción. Así también lo dio a conocer el presidente de la Comisión de la Justicia, Américo Gonza, cuando pidió a la Comisión Permanente respaldar el dictamen.

El perulibrista confunde conceptos. Fue un acuerdo plenario, y un pleno casatorio, el que catalogó como “inconstitucional” la ‘Ley Soto’, pero el fundamento jurídico donde se encontraba este calificativo no fue establecido como doctrina legal. Es decir, no era vinculante y los magistrados de instancias inferiores no estaban en la obligación de inaplicar la norma.

Votaron a favor de esta iniciativa los congresistas Waldemar Cerrón, Patricia Juárez, Martha Moyano, María Acuña, Lady Camones, Isaac Mita, Eduardo Castillo, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Arturo Alegría, José Luna, Francis Paredes, Lucinda Vásquez, Wilson Soto, Jorge Coaguila, Edgar Tello y Alex Paredes.

En tanto, votaron en contra los legisladores Edgar Reymundo, Nieves Limachi, Hilda Portero, Jorge Montoya y José Cueto, mientras que los parlamentarios Patricia Chirinos, Diego Bazán votaron en abstención.

PJ y Gobierno a favor de derogar la ‘Ley Soto’

El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial han manifestado sus opiniones sobre el proyecto de ley 5685/2023-CR, el cual propone la derogación de la Ley 31751 y la restauración de la redacción original de los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal que modificó la cuestionada norma. Ambos poderes coinciden en que la derogación es viable, aunque expresan algunas diferencias.

El informe técnico del Poder Judicial fue elaborado por Pedro Angulo, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de este poder del Estado. El presidente de esta institución, el juez supremo Javier Arévalo, hizo suyo el informe en todos sus extremos, según el oficio remitido a la Comisión de Justicia del Congreso.

Desde la presidencia del Poder Judicial, se sostiene que la redacción original del artículo 84 del Código Penal es “más coherente y precisa” que la Ley 31751. El Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la ‘Ley Soto’, también fue objeto de análisis. El informe critica ciertos criterios de la Corte Suprema, señalando que se basan en normas no vigentes y en proyectos del Código Penal no aprobados.

Por su parte, el Ministerio de Justicia apoya el acuerdo plenario que calificó la ley como inconstitucional. Según este ministerio, la Ley 31751 no solo aplica a casos donde se formalizada la investigación preparatoria, sino a todas las situaciones posibles, incluyendo delitos graves y funcionarios de alto rango.