
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que para este año procederá a chatarrear alrededor de 500 vehículos antiguos que se encuentran abandonados en depósitos vehiculares y bajo embargo en etapa de ejecución coactiva.
Esta medida tiene como objetivo principal reducir los altos índices de contaminación ambiental generados por el parque automotor, además de contribuir a la seguridad vial.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) facilitó esta acción al modificar, el pasado 22 de junio, dos reglamentos nacionales a través del Decreto Supremo N° 014-2024-MTC. Este documento ajusta el Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, cuyo propósito es promover el retiro definitivo o la renovación de vehículos del parque automotor.
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Asimismo, modifica el reglamento que regula el procedimiento para la declaración de abandono y chatarreo de vehículos en depósitos.
Desde el año 2022, la ATU comunicó que ha llevado a cabo el chatarreo de 87 vehículos abandonados en diversos depósitos. Hasta recientemente, solo se permitía la destrucción de unidades que ingresaron a los depósitos con una medida preventiva durante la tramitación de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).
El nuevo decreto legislativo n° 1594 amplía los escenarios para la aplicación del chatarreo obligatorio. Esto incluye la posibilidad de evaluar y someter a chatarreo obligatorio las unidades vehiculares embargadas coactivamente y que se encuentran en depósitos de la ATU.
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Con las modificaciones, se extiende la declaración de abandono a unidades ingresadas en depósitos debido a medidas de embargo en forma de secuestro conservativo.

Si el propietario de un vehículo en estas condiciones no lo retira dentro de 30 días hábiles desde que la resolución de sanción quedó firme, se procederá de la siguiente manera: los automóviles con una edad superior a los 15 años serán enviados de forma obligatoria a una entidad de chatarreo para su disposición final.
Por su parte, para los coches con una antigüedad de hasta 15 años, se evaluará su utilidad económica. Este proceso considerará el valor de mercado estimado por un tasador, las externalidades negativas que generan y un análisis de sus infracciones y/o incumplimientos.
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Marybel Vidal, presidenta ejecutiva de la ATU, destacó que este nuevo marco normativo “fortalece las políticas del sector para luchar contra la informalidad en el transporte urbano, a través del chatarreo de vehículos abandonados que no volverán a las calles”. Además, subrayó que se reduce significativamente la emisión de gases contaminantes, lo cual tiene un impacto positivo en la salud pública y el medioambiente.

La entidad especifica que la implementación de esta normativa permitirá reducir, anualmente, unas 64 mil toneladas de CO2 y 840 toneladas de contaminantes locales. Estas acciones reafirman el compromiso de la entidad con la Política Nacional del Ambiente al 2030, los compromisos internacionales del Acuerdo de París y las directrices de la OCDE.
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¿Cuáles son las funciones de la ATU?
La ATU es una entidad pública creada con la misión de reformar y optimizar el sistema de transporte. Nació como una solución integral a los desafíos del tránsito en una de las áreas metropolitanas más grandes y complejas del país, con el objetivo de brindar a los ciudadanos opciones de movilidad más eficientes, seguras y sostenibles.
Sus principales atribuciones incluyen la planificación, regulación, gestión y supervisión de los servicios de transporte en las zonas bajo su jurisdicción. La entidad tiene el mandato de implementar estrategias para el sistema de buses, el metro de Lima, taxis y otros. Además, está encargada de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, promoviendo prácticas seguras y eficientes que ayuden a reducir la congestión y la contaminación.
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