ATU detectó más de 9 mil infracciones de transporte informal con fiscalización electrónica

En un esfuerzo por controlar el transporte informal en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) implementó un sistema de fiscalización electrónica que registró, durante los primeros cinco meses del año, un total de 9029 infracciones.

Estas faltas fueron cometidas por 4179 vehículos que operaban sin autorización, según el monitoreo en tiempo real realizado por cámaras de seguridad ubicadas en diversas avenidas y en los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

La ATU explicó que esta fiscalización electrónica, que incluye videos y fotos, ha sido posible gracias a convenios establecidos con varias municipalidades de Lima y Callao, así como con Lima Airport Partners (LAP), la entidad que gestiona el aeropuerto.

Entre los municipios participantes se encuentran Jesús María, La Molina, Magdalena del Mar, Pachacamac, San Borja, Santiago de Surco, San Miguel, Santa Anita y Lima.

Durante el periodo de enero a mayo, personal de la ATU y de la Municipalidad de Lima lograron documentar, mediante cámaras instaladas en avenidas clave como Abancay, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Grau, un total de 5543 transgresiones cometidas por 1569 móviles. Esta elevada cifra subraya la intensidad del problema en las principales arterias de la ciudad.

En La Molina, las cámaras de seguridad identificaron que 590 carros informales cometieron 773 infracciones en la avenida Javier Prado. Similarmente, en San Borja, sobre la misma avenida, se registraron 734 faltas distribuidas entre 631 unidades.

En Santiago de Surco, las cámaras instalaron en avenidas como Alfredo Benavides, Ayacucho y Los Ingenieros detectaron 710 infracciones cometidas por 544 medios de transporte. En San Miguel, las cámaras en la avenida La Marina captaron 55 infracciones cometidas por 49 vehículos.

Santa Anita también mostró un alto índice de informalidad, con 252 infracciones detectadas en 225 autos. En otros distritos como Jesús María, se registraron 100 de 98 carros; en Pachacamac, 16 transgresiones de igual número de móviles; y en Magdalena del Mar, 30 infringimientos cometidos por 27 unidades.

El estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez fue otro punto crítico, donde se detectaron 440 infracciones cometidas por 144 taxis informales. Esto pone en relieve la problemática del transporte ilegal en uno de los puntos de entrada y salida más importantes del país.

Además, las cámaras ubicadas en varios sectores de la vía de Evitamiento registraron 376 faltas cometidas por 286 vehículos, demostrando la extensión de la problemática a lo largo de las principales rutas de tránsito en Lima.

La detección de estas transgresiones desencadenó la apertura de procedimientos administrativos sancionadores por parte de la entidad, dirigidos a cada carro identificado. Estas acciones no solo buscan penalizar las faltas, sino también disuadir a otros conductores de operar sin las licencias y peritajes correspondientes.

La ATU señaló que la fiscalización electrónica permitió realizar su trabajo con mayor eficiencia y seguridad, reduciendo la exposición de sus fiscalizadores a posibles agresiones por parte de transportistas infractores. Este método avanzado de monitoreo ha demostrado ser una herramienta eficaz en la lucha contra el transporte informal.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?

La entidad es una entidad pública creada con el propósito de reformar y mejorar el sistema de transporte. Surgió como una respuesta a la necesidad de abordar de manera integral los problemas de tránsito en una de las áreas metropolitanas más grandes y complejas del país, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos opciones de movilidad más eficientes, seguras y sostenibles.

Sus funciones principales incluyen la planificación, regulación, gestión y fiscalización de los servicios de transporte dentro de sus jurisdicciones. La ATU tiene el mandato de implementar estrategias para el sistema de buses, el metro de Lima, taxis y otros servicios de transporte. Además, está encargada de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, promoviendo prácticas seguras y eficientes que contribuyan a reducir los niveles de congestión y contaminación.