EE.UU. señala débil combate a la trata de personas en Perú: corrupción, complicidad del Gobierno y falta de fondos son las causas

El Departamento de Estado de EE.UU. informó que Perú no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas debido a problemas significativos como la corrupción, la complicidad oficial y la inadecuación de los servicios para las sobrevivientes

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En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina
En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina

Una mañana de 2007, en Tarapoto, la universitaria Jhinna Pinchi aceptó un trabajo ofrecido por un estilista mientras se retocaba el cabello para fotos curriculares. Días después, descubrió que la supuesta oferta consistía en prostituirse en el nightclub ‘La Noche’ de Piura, a casi 20 horas de su ciudad natal.

Fue secuestrada y retenida contra su voluntad en una habitación miserable, con sus documentos en manos de sus captores. Según su testimonio, los propios fiscales y policías eran “clientes” del establecimiento, lo cual impedía que recibieran ayuda.

Pinchi convivió con otras jóvenes en situaciones similares, algunas menores de edad, que también habían sido engañadas con falsas promesas de empleo. Consiguió escapar dos años después, en 2009, tras escuchar amenazas de desfiguración y siembra de drogas en sus ropas por parte de sus secuestradores.

Ayudada por la cocinera del local, que luego sufriría un accidente sospechoso por el auto del dueño ―Carlos Chávez Montenegro—, logró salir en busca de auxilio. La denuncia no fue atendida por las autoridades de Piura hasta dos años después. Finalmente, en 2011, el Ministerio Público solicitó 35 años de cárcel para Chávez Montenegro por delitos de trata de personas, proxenetismo y rufianismo, así como prisión para otros cinco empleados.

Documento difundido por el Departamento de Estado de EE.UU.
Documento difundido por el Departamento de Estado de EE.UU.

Actualmente, devenida en activista y rostro de un caso emblemático, Pinchi se encuentra refugiada en algún lugar del país. Según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. difundido este martes, Perú no ha cumplido plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, pero ha realizado esfuerzos significativos.

Las penas para el tráfico sexual son desproporcionales comparadas con otros delitos graves, no se proporcionaron datos completos sobre los servicios a las víctimas, y los esfuerzos para atender a las víctimas adultas todavía son inadecuados, remarca el texto. Además, el Gobierno no asignó suficientes fondos y debilitó la coordinación con la sociedad civil al quitar el derecho de voto a las ONG en su comisión multisectorial contra la trata.

La corrupción y complicidad oficial se mantienen como problemas significativos que inhiben la aplicación efectiva de la ley. En los últimos cinco años, los traficantes han explotado a víctimas nacionales y extranjeras en Perú y han llevado a peruanos al extranjero para ser explotados. Las mujeres y niñas peruanas, venezolanas y bolivianas son especialmente vulnerables: son reclutadas mediante falsas ofertas laborales o relaciones engañosas, y luego explotadas sexualmente en áreas mineras y madereras.

En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina
En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina

De acuerdo con EE.UU., la banda criminal Tren de Aragua está involucrada en el tráfico sexual y la extorsión principalmente en Lima. Los indígenas, la comunidad LGBTQI+ y los migrantes son particularmente vulnerables a este delito, que se condenaba con penas de ocho a 25 años de prisión, según la edad de las víctimas. Sin embargo, esos castigos no eran proporcionales a las de otros delitos graves como la violación, resalta el informe.

En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Al menos 180 sospechosos fueron procesados y los tribunales condenaron a 143 acusados por trata y delitos conexos, una cifra que superó las 89 condenas de 2022. El Gobierno mantuvo fiscalías especializadas en 14 regiones y unidades policiales en las 24 regiones, aunque enfrentaron limitaciones por falta de recursos.

La rotación frecuente de personal y la interpretación limitada de las leyes sobre trata afectaron la eficacia de las acciones. De acuerdo con el documento, los casos de corrupción y complicidad oficial persistieron, con denuncias de sobornos a policías y avisos previos a sospechosos. La administración de la presidenta Dina Boluarte tampoco proporcionó actualizaciones sobre investigaciones previas de corrupción y trata que implicaban a funcionarios y policías.

En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina
En 2023, se abrieron 1,275 investigaciones de trata, comparado con 813 en 2022. Foto: Andina

En los primeros seis meses de 2023, la policía reportó haber identificado 962 víctimas, aunque algunas no eran realmente víctimas de trata. El Ministerio de la Mujer asistió a 111 niños víctimas, incluidos extranjeros, con servicios legales, sociales y psicológicos. Además, operó siete refugios para niñas explotadas, con una capacidad total reducida a 99 debido a la conversión temporal de uno de los refugios.

La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), por su parte, proporcionó apoyo inmediato tras algunas operaciones policiales, pero enfrentó limitaciones por falta de recursos y capacitación adecuada. EE.UU. destaca que existen preocupaciones sobre abuso en refugios del MIMP, con casos documentados de violación y maltrato.

La falta de suficiente financiamiento y recursos para refugios y servicios especializados se erigen como problemas críticos, con una dependencia significativa en ONG para llenar los vacíos. Las víctimas adultas y extranjeras enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios y refugios adecuados.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones de EE. UU. al Perú está modificar la legislación para que las penas por trata sexual sean proporcionales a las de otros delitos graves como la violación, aumentar la financiación para combatir la trata, implementar la Política Nacional Contra la Trata y mantener iniciativas con liderazgo gubernamental.

Además, ampliar los servicios para víctimas adultas, niños, personas LGBTQI+ y víctimas de trata laboral, fortalecer la cooperación interinstitucional, garantizar la transición rápida al cuidado de las víctimas y aumentar los esfuerzos de enjuiciamiento y condena, incluyendo a los funcionarios cómplices.

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