Impunidad en casos de trata de personas: menos del 3% de las denuncias interpuestas por este delito alcanzan sentencia en el Perú

En medio de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, es importante hablar de las problemáticas que afectan a la población femenina y de cómo estas terminan por poner en peligro su integridad, además de interrumpir su proyecto de vida. Y una de las formas de violencia de género que más alarma genera, pero de la que no se suele hablar mucho, es la trata de personas, en su mayoría con fines de explotación sexual.

Este delito, que incluso figura en el Código Penal peruano, se encuentra rodeado por una serie de irregularidades que permiten que quienes lo perpetran solo encuentren impunidad, lo que los motiva a continuar ejerciendo esta actividad criminal.

Debido a esto, Infobae Perú contactó con dos especialistas para abordar la real dimensión detrás de la trata de personas, además de conocer los factores que inciden en el aumento de casos que se registran en Perú.

¿Qué es la trata de personas y cuál es su marco legal en el Perú?

El artículo 129-A del Código Penal define a la trata de personas como el delito por “el que —mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio— capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro con fines de explotación”. La normativa señala, además, que el responsable debe “es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años”.

En ese sentido, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización especializada en la protección de los derechos humanos CHS Alternativo, define a la trata de personas como “la explotación de un ser humano por otro”, delito que tiene diversas manifestaciones, entre las que resaltan la de fin sexual, la servidumbre doméstica, la esclavitud laboral, la venta de menores y la extracción o tráfico de órganos.

Para el especialista, en el ámbito legal, existen diferentes momentos que definieron los esfuerzos por hacer frente a esta forma de violencia contra la mujer; no obstante, destacó al 2007 como el año en el que se aprobó la primera Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú (Ley 28950).

La normativa en torno a esta problemática ha sufrido modificaciones a lo largo de los años a fin de adecuarse a la realidad que impera en nuestro país. La última de ellas, considerada como una de las más importantes, llegó en el 2021, cuando se cambió el Código Penal y el Código Procesal Penal para sistematizar la trata de personas y explotación sexual como un delito contra la dignidad.

Precisamente, este apartado en el Código Penal se encuentra dividido en dos capítulos: uno dedicado a la trata de personas, que comprende del artículo 129-A al 129-B, y otro dedicado a la explotación, que abarca del artículo 129-C al 129-P.

Niñas, adolescentes y mujeres, las principales víctimas de trata en Perú

Hablar de trata de personas es referirse a otra forma de violencia contra la mujer y así lo confirma la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Ucavit). De acuerdo a información de este programa, a la que tuvo acceso Infobae Perú, a nivel nacional, las víctimas son, en su mayoría, parte de la población femenina: en el 2023, se contabilizaron 721 féminas (85%) y apenas 124 hombres (15%).

Para Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, esta realidad es ampliamente conocida, por lo que “el Estado debería estar comprometido, de igual manera, en su prevención y su sanción”.

De esta manera, la data de Ucavit evidencia, además, que dentro de la población femenina existen dos grupos que se encuentran especialmente vulnerables a estos delitos: el 53% de las víctimas femeninas tenían entre 18 y 34 años, mientras que las menores de entre 12 y 17 años constituyen un 32% del total.

Frente a este panorama, la especialista considera relevante prestar atención a los altos índices de desapariciones de mujeres que se registran en el Perú, ya que muchos de estos casos se encuentran relacionados con la trata de personas para fines de explotación sexual. De acuerdo al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped), base datos centralizada que contiene la información de las denuncias formuladas ante la Policía Nacional del Perú (PNP), solo en el 2023 se contabilizaron 10 mil 817 reportes por estos casos.

Lima, Madre de Dios y Arequipa, las zonas con mayor índice de denuncias por trata

Con relación a las regiones con mayor índice de denuncias, de acuerdo a información del Ministerio Público, para Infobae Perú, Lima (471), Madre de Dios (274), Arequipa (218), Cusco (175), Puno (171), Loreto (162) y Piura (161) son las zonas en las que hay más incidencia de estos delitos.

El director ejecutivo de CHS Alternativo, sin embargo, advierte que “no existe región alguna en el Perú que no tenga víctimas de trata de personas”. Además, indica que esto se debe a que se da de forma transversal a las economías criminales, que tiene múltiples modalidades, como la extorsión, el tráfico de terrenos y el contrabando en las zonas urbanas, así como tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala y otros en las zonas rurales.

Por su parte, la directora de Flora Tristán señala que a la ausencia de control del Estado y el incremento de la informalidad o de la ilegalidad son elementos claves que han llevado a que ciertos territorios se muestran más vulnerables ante estas actividades ilícitas.

La impunidad, una constante en las sentencias por trata de personas

Las cifras evidencian que la impunidad se encuentra presente al impartir justicia en los delitos de trata de personas. De acuerdo a información del Poder Judicial para Infobae Perú, a lo largo del 2023, solo 74 denuncias alcanzaron sentencia, lo que representa apenas el 2,6% de las 2.783. Madre de Dios es la región en la que se dictó la mayoría de ellas (18%), aunque dicho índice apenas corresponde a 13 casos.

Valdés explica cómo este lamentable panorama influye en la proliferación de la mencionada actividad criminal. Según apunta, antes de cometer el delito, los delincuentes deben considerar los riesgos a los que se verán expuestos —la posibilidad de caer preso y purgar condena, la facilidad para salir libre si es detenido y de que el negocio prospere sin ser fiscalizado, y la probabilidad de evitar que alguien denuncie el hecho— y si estos son bajos, resultará ‘rentable’.

Una situación aún más complicada ocurre en Lima, ya que solo 7, de 471 denuncias por trata de personas, han alcanzado sentencia; es decir, apenas el 1,5%, de acuerdo a data de la Fiscalía de la Nación. Esto fue corroborado por otro informe de la misma entidad, que indica la misma realidad, aunque con una ligera variación (1,1%). Además, se detalló que solo el 51% de denuncias han sido resueltas, ya que el 49% restante aún se encuentra en trámite, y que el 30% pasaron al archivo definitivo, aunque se desconocen las razones detrás de esta decisión.

Meléndez considera que todo esto no hace más que dificultar el camino de la prevención y solidificar la idea de que las mujeres no son sujetas de derecho, lo que las pone en una vulnerabilidad aún mayor.

Mujeres venezolanas y de otros países, un grado de vulnerabilidad que se debe considerar

De acuerdo a la Ucavit, a lo largo del 2023, las mujeres venezolanas constituyeron una de las poblaciones más vulnerables respecto a la trata de personas, ya que ellas representaron el 21,77% de las víctimas por este delito, con un total de 157. El único grupo que las superó, con 81%, fue el de las peruanas.

Para Valdés, hay dos condiciones muy importantes que llevan a que una víctima de nacionalidad extranjera sea más vulnerable: la desaparición de féminas como fenómeno social, ya que la aparta de su red de protección, y la migración irregular, un proceso complejo y que por sí mismo pone en una situación de vulnerabilidad a la mujer por su condición de tal. Sin embargo, afirma que es el propio Gobierno peruano el llamado a proteger a este grupo, además de garantizar su integridad.

Finalmente, Meléndez ubica a la ruptura de la impunidad y la sanción de los responsables como la prioridad que debería adoptar el Gobierno en esta lucha contra la explotación sexual, además de considerar la necesidad de “aplicar respuestas más integrales y que aborden todas las dimensiones de este delito”, lo cual incluye un acompañamiento especializado durante y después del rescate de las víctimas.