Los agresores sexuales de niñas awajún en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) son, además de docentes, policías y mineros ilegales, según un informe difundido este domingo por Punto Final. El dominical reveló que, si bien la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) tiene registrados al menos 533 casos de violación, el Ministerio Público acumula oficialmente unas 888 denuncias.
Algunas sobrevivientes enfrentaron ―o enfrentan— embarazos forzados y contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). “Espero que escuche todo el Perú, no solo son profesores, sino efectivos policiales que abusan sexualmente de las mujeres indígenas. Nosotros confiamos en las autoridades para que hagan justicia y más bien defienden al agresor”, clamó el apu Bernabé Jima.
Las familias, sin recursos, se ven obligadas a aceptar dinero (hasta 500 soles) o parcelas a cambio de su silencio. El dominical conoció el caso de una menor que fue agredida sexualmente por su profesor desde los 10 años. Su abuela ahorró durante meses para llevarla a Bagua en busca de justicia; sin embargo, el violador sigue viviendo en la misma comunidad.
En Bagua, a siete horas de distancia, se encuentra el hospital más cercano con una cámara Gesell y médico legista para certificar agresiones sexuales. “Los mismos promotores abusan de los niños. Y para que no los delaten, les pagan”, dijo la legisladora fujimorista Mery Infantes, representante de Amazonas.
Los líderes indígenas han dispuesto la construcción de calabozos rudimentarios para castigar a los agresores, pero la justicia formal parece distante y esquiva para la comunidad awajún. La docente Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunció previamente que tres agresores detenidos se dieron a la fuga en una de las 200 comunidades awajún de Condorcanqui.
“Lejos de estar el ministro llamando a supuestos líderes de las organizaciones a Lima, este señor que es incapaz debería venir a solucionar el problema en el territorio. Es indignante que estén llamando a personas que no nos representan”, señaló.
“¿Qué podemos hacer, pues?”, se limitó a responder el director de la UGEL de Condorcanqui, Percy Tuesta, después de confirmar la fuga de los docentes violadores. Mientras lo investigan, siguen cobrando su salario. “Si nosotros hacemos un corte de contrato de inmediato, estaríamos cayendo en abuso de autoridad. Por eso las comisiones deben ir a campo a investigar. [Como el CEM no cuenta con presupuesto], queda ahí nomás”, admitió.
La propia ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, respaldó estas declaraciones que devinieron en una ola de repudio.
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