
Alejandro Sánchez, propietario de la casa ubicada en el pasaje Sarratea, que sirvió como despacho clandestino del vacado Pedro Castillo, fue extraditado desde Estados Unidos a Perú el pasado jueves. Su abogado Tomás Gálvez adelantó que no se acogerá a la colaboración eficaz.
La extradición llega después de que Sánchez huyera a Estados Unidos tras la orden de detención emitida por las autoridades peruanas, en medio de investigaciones vinculadas al caso ‘Asesores en la Sombra’. Gálvez afirmó que su cliente se declara “absolutamente inocente”.
El abogado explicó a la prensa que un colaborador eficaz “es la persona que es culpable y que ha participado en hechos”. Sin embargo, su patrocinado niega haber participado en cualquier actividad delictiva y considera su detención como arbitraria.
Tras una reunión breve con Sánchez, Gálvez detalló que revisarán todas las pruebas nuevas y solicitarán una revisión de la medida preliminar de detención, que actualmente es de 30 meses, impuesta por el Poder Judicial.
El abogado aseguró que buscará que su cliente lleve su proceso en libertad. “[Vamos] a realizar la defensa y esperar que la Fiscalía y el Poder Judicial sean razonables y que le den la libertad para que pueda defenderse en libertad”, señaló.
Como se recuerda, Sánchez llegó en un vuelo chárter, junto a otros 149 deportados. Aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8 a las 14:10 horas. La fiscal Naomi Bustillos, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), se encontraba en el lugar para garantizar el cumplimiento de los protocolos legales pertinentes.
Sánchez Sánchez es considerado un asesor clave en las investigaciones que envuelven al exmandatario y su círculo cercano. Antes de su deportación, Sánchez Sánchez estuvo recluido en el Centro de Procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Pine Prairie, en Luisiana. En su llegada al país, fue sometido a un control de identidad en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de turno y luego puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser ingresado a un centro penitenciario, donde enfrenta una orden de 30 meses de prisión preventiva.
El empresario solicitó asilo político en Estados Unidos, petición que fue denegada, según declaró la ex canciller Ana Cecilia Gervasi el 23 de octubre. Sánchez Sánchez, acusado de ingresar irregularmente al territorio estadounidense y detenido el pasado 8 de septiembre en Texas, estaba bajo investigación por presunta participación en una organización criminal dirigida por Castillo, dedicada a colocación de personas afines en posiciones clave del gobierno.
Durante su fuga de Perú en octubre de 2022, se emitió una recompensa de 30 mil soles por información que condujera a su detención. La casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, adquirió notoriedad tras la victoria electoral de Castillo en 2021, siendo un supuesto centro de reuniones investigadas como irregulares.
Según su abogado, el exfiscal supremo, el dueño de la casa de Sarratea tenía planeado entregarse a las autoridades. Sin embargo, ello no se concretó “al ver que no había imparcialidad”.
“Él estaba escondido no sé dónde, pero consideraba que era inocente y, obviamente, desde la defensa, no hemos encontrado una prueba en el expediente que podría determinar su amistad. Por eso es que no se presentaba. Pero ¿qué sucede? Cuando se incautaron sus bienes, la casa de Sarratea especialmente, [...] cuando se estaba resolviendo la apelación, él estaba por presentarse porque considero que la marea mediática había disminuido. Cuando confirmaron la incautación, él consideró que no había ninguna garantía para presentarse y, seguramente, ahí tomó la decisión de salir al extranjero”, declaró Gálvez en setiembre de 2023.
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