Presentan denuncia penal contra ministros por declaraciones que normalizan violencia sexual contra menores indígenas

La congresista Ruth Luque presentó una denuncia penal en contra de los ministros Morgan Quero y Ángela Hernández, acusándolos de incurrir en el delito de discriminación. Según el documento de la demanda, las declaraciones hechas por los titulares de las carteras de Educación y Mujer, respectivamente, normalizan la violencia sexual contra menores de las comunidades awajún y wampis.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima. En ella, se expone que, a inicios de junio, diversos medios nacionales informaron sobre la grave situación de abusos en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, donde al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares fueron registrados, afectando principalmente a niños y niñas indígenas de las comunidades mencionadas, quienes además reportaron casos de contagio por VIH.

Tras ello, el ministro de Educación, Morgan Quero, declaró que la violencia sexual contra menores es una “práctica cultural” en pueblos amazónicos, “para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas”. Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, reafirmó lo dicho por Quero en una entrevista pública. Incluso responsabilizó a las niñas y adolescentes del abuso.

Estas enunciaciones fueron condenadas firmemente por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)

También la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) se pronunció y remarcó que tales discursos denigrantes perpetúan la violencia y la invisibilización de los derechos de las niñas indígenas.

Según Luque, las declaraciones de los ministros discriminan y deshumanizan a los awajún y wampis, normalizando una cultura de violación y excluyéndolos de políticas efectivas de educación, salud y prevención

En respuesta a la problemática, Luque expresó que desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, se elaboró un informe sobre la situación crítica de acceso a la educación y prevención de violencia sexual en Condorcanqui.

Demandan investigación por declaraciones discriminatorias

La denuncia interpuesta solicita investigaciones contra Morgan Niccolo Quero Gaime y Ángela Hernández Cajo, ministros de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú, respectivamente, por estar implicados en el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. Este proceso se origina tras sus declaraciones que, según indican fuentes jurídicas, menoscaban los derechos de los pueblos indígenas.

Se solicita que las actuaciones de los ministros sean analizadas bajo el artículo 323 del Código Penal, relacionado con actos de distinción que afectan la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la identidad étnica y cultural, conforme estipulan los artículos 1 y 2 de la Constitución. Según fuentes, las declaraciones reforzarían una visión excluyente hacia los mencionados pueblos indígenas, desvalorizando sus culturas.

Los comentarios públicos de Quero Gaime y Hernández Cajo han sido citados para evidenciar una protección desigual respecto a delitos como la violencia sexual en zonas indígenas comparado con áreas urbanas como Lima. Esta disparidad refleja, según las acusaciones, una percepción discriminatoria hacia la población de Condorcanqui, algo que los acusados habrían manifestado en sus declaraciones oficiales.

Se argumenta que la perspectiva laxa adoptada por estos funcionarios frente a la violencia sexual en comunidades Awajún y Wampis es inaceptable y refleja una protección estatal insuficiente, en contraste con las políticas más estrictas y aplicadas en otras regiones del país.

Ante estos hechos, diversas voces están demandando el inicio de diligencias preliminares para profundizar en la investigación de las acciones de Quero y Hernández, considerando existan indicios suficientes para considerar la comisión del delito.