
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, acordaron garantizar la presencia de representantes del Ministerio Público durante los operativos del Comando Unificado y fortalecer el seguimiento de los recursos económicos de las organizaciones criminales. Las medidas fueron anunciadas este jueves 5 de noviembre, tras una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.
El encuentro, que se desarrolló durante una hora, forma parte de las coordinaciones del Gobierno para enfrentar la criminalidad organizada en el país. Uno de los principales acuerdos contempla reforzar la participación de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC), un órgano especializado de la Fiscalía de la Nación encargado de estudiar las estructuras delictivas y procesar información que contribuya a las investigaciones contra organizaciones criminales.
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La participación del Ministerio Público busca mejorar la articulación entre las intervenciones de las fuerzas del orden y las diligencias fiscales, de manera que las detenciones y las evidencias obtenidas durante los operativos puedan sustentar los procesos judiciales correspondientes.

Fiscales acompañarán los operativos del Comando Unificado
Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de asegurar la presencia de fiscales en los despliegues del Comando Unificado, que desarrolla intervenciones contra la delincuencia y el crimen organizado.
El objetivo es fortalecer las investigaciones desde las primeras etapas de las operaciones, facilitar la obtención de elementos probatorios y permitir que las actuaciones de las fuerzas del orden contribuyan a sustentar eventuales acusaciones penales.
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“Pondremos fin a los esfuerzos aislados frente a la inseguridad. La participación del fiscal de la Nación en este espacio de trabajo resulta clave para que todas las entidades encargadas de la persecución del delito cumplan su deber, y logremos que las capturas de nuestras fuerzas del orden concluyan en sanciones efectivas”, afirmó Galarreta.

La coordinación adquiere relevancia en intervenciones como las desarrolladas en Pataz, región La Libertad, donde el Comando Unificado realiza acciones contra organizaciones criminales vinculadas a distintas actividades ilícitas.
No obstante, la PCM no precisó cómo se implementará el acompañamiento fiscal en los próximos operativos ni si se establecerán equipos permanentes de fiscales para estas intervenciones.
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El seguimiento del dinero de las organizaciones criminales
Otro de los acuerdos centrales fue incorporar a la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad (OFAEC) como invitada permanente de la comisión multisectorial.
Esta dependencia del Ministerio Público tiene entre sus funciones analizar las características y modalidades de operación de las organizaciones criminales, así como gestionar información estratégica que permita identificar sus redes y actividades.
Con su participación, la comisión busca fortalecer las investigaciones orientadas a identificar la ruta del dinero ilícito y las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones delictivas.

El seguimiento de estos recursos resulta relevante porque permite ampliar las investigaciones más allá de los autores materiales de los delitos y examinar los mecanismos económicos utilizados por las redes criminales.
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La medida también apunta a mejorar el intercambio de información entre las instituciones que participan en la estrategia de seguridad, aunque la Fiscalía mantiene sus competencias constitucionales para dirigir las investigaciones penales.
Evalúan nuevas medidas legislativas contra la criminalidad
Entre los acuerdos que pudieron difundirse, debido al carácter reservado de la sesión, también se estableció que Tomás Aladino Gálvez podrá participar en futuras reuniones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel.
La presencia del titular del Ministerio Público busca mantener un mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia para abordar las dificultades que puedan presentarse durante las acciones contra las organizaciones criminales.
Además, las autoridades discutieron la posibilidad de presentar propuestas de decretos legislativos para fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Sin embargo, no se precisó qué materias abordarían estas iniciativas ni cuándo podrían ser presentadas.
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En la sesión participaron los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, además del secretario técnico de la comisión, Juan Villarán.
Los acuerdos representan una nueva etapa de coordinación entre el Gobierno y el Ministerio Público, aunque todavía queda pendiente conocer los mecanismos y plazos para su implementación. La PCM tampoco informó sobre indicadores específicos para evaluar los resultados de estas medidas en las investigaciones y operativos contra el crimen organizado.
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