Minería ilegal: 80% de los peruanos considera que el Gobierno debe atenderla con urgencia, según encuesta de Ipsos

La minería ilegal genera al Perú pérdidas por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI), además de provocar severos daños ambientales, sociales y de salud. Pese a ello, la estrategia de prevención y reducción de delitos ambientales sigue sin mostrar avances para combatir la actividad ilícita

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Imagen de archivo referencial de
Imagen de archivo referencial de agentes de policía participando en una operación de destrucción de campamentos mineros de oro ilegales en una zona conocida como Mega 13, en la región amazónica sur de Madre de Dios, Perú. 25 de enero, 2014. REUTERS/Stringer/Archivo

De acuerdo a una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS Perú, más del 80 % de los peruanos cree que el Gobierno debe abordar el problema de la minería ilegal. La economía ilegal que genera al Perú pérdidas por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI).

Asimismo, un 67% de los ciudadanos considera que esta problemática debería ser atendida como prioridad con medidas inmediatas por parte de las autoridades. Pues, además de las consecuencias económicas, se suman severos daños ambientales que, hoy en día, afectan especialmente a los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

En esta última región amazónica la situación es bastante crítica, debido a que la actividad ilícita ha causado la perdida de bosques a un área similar a la de Lima Metropolitana, entre otros impactos vinculados a la deforestación, contaminación de ríos, enfermedades, etc.

Tiendas de campaña cubren un
Tiendas de campaña cubren un área deforestada por minería ilegal de oro en la provincia Madre de Dios de Perú el martes 19 de febrero de 2019. (Cris Bouroncle/Pool foto via AP)

¿Qué es lo último que se sabe de la situación en Madre de Dios?

La Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) ha indicado que la minería ilegal en Madre de Dios, región que encabeza el epicentro de la problemática, causó la deforestación de más de 31 mil hectáreas en las últimas dos décadas y graves consecuencias a la salud a raíz de la contaminación por mercurio.

Bajo ese contexto, el sondeo de Ipsos también revela que el 61 % de los peruanos considera la corrupción de las autoridades como la principal barrera para enfrentar la minería ilegal.

Al respecto, Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, explica que la corrupción, efectivamente, debilita la gobernanza ambiental y el funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar y sancionar la minería ilegal. Por ello, aboga por políticas nacionales que incluyan el fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción.

El jefe de la División
El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de III Macro Región Policial de La Libertad, coronel PNP, Miguel Balta Paredes, a lado izquierdo de un colega policial. Balta fue detenido a inicios de octubre.

¿Por qué el Congreso representa un obstáculo para enfrentar la minería ilegal?

Por otro lado, hay un 57 % cree que el Congreso de la República obstaculiza las acciones contra esta actividad ilícita. Pues, aunque los resultados de la encuesta de Ipsos sugieren que el 60 % de los encuestados cree que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha contra la minería ilegal, esta no podría avanzar hasta que el Poder Legislativo deje de presentar iniciativas que busquen favorecerla.

Asimismo, en el marco de la encuesta, se detalla que un 41 % indica que esta responsabilidad debería recaer en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el 18 % en los gobiernos regionales.

¿Qué hace falta para combatirla?

Los especialistas recalcan que para reducir la minería ilegal en el país, en primer lugar, es necesario aprobar políticas pendientes como la Estrategia de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales en la Amazonía, que, si bien fue prepublicada en 2022, hasta la fecha no muestra avances, así como la elaboración de una Política Nacional contra los delitos ambientales.

Finalmente, destacan la importancia de fortalecer los controles administrativos de la minería artesanal y de pequeña escala, una responsabilidad que recae en los gobiernos regionales, cuyos procesos de formalización aún son deficientes.

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