Tras la aprobación en primera votación del Congreso de una nueva Ley de Amnistía, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde antes del año 2001; el Estado peruano nuevamente queda en medio entre la decisión del Legislativo y la CIDH. Ello, luego de que, en respuesta a una solicitud planteada por las víctimas de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos, la Corte IDH pusiera una fecha límite al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para que explique los alcances de la polémica norma; la cual debe ser respondida hasta el 12 de junio.
Este requerimiento de explicaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue planteado el pasado 8 de junio de 2024, cuando, por medio de un comunicado, emitió la solicitud formal al Estado peruano en respuesta a una petición de medidas provisionales presentada por las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El pedido de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta
La petición, recibida a través de la Secretaría de la Corte el 7 de junio de 2024, exige la intervención del Tribunal para frenar el trámite legislativo de la iniciativa del Proyecto de Ley 6951/2023-CR; más conocido como la nueva “Ley de Amnistía” que permite que delitos de graves violaciones a derechos humanos consignados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad sean declarados como prescritos.
“Por medio de la presente se acusa recibo a la representación de las víctimas del escrito del 7 de junio de 2024 (...) siguiendo las instrucciones de la presidenta de la Corte y en aplicación del artículo 27.5 del reglamento del Tribunal, se solicita al Estado y a la Comisión IDH que, a más tardar el 12 de junio 2024, presenten sus observaciones a esta solicitud de medidas provisionales”, se lee en el documento revelado el último sábado 8 de junio por el abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal.
Según el documento, la defensa de las víctimas le pidió al Tribunal que “adopte medidas provisionales en favor de las víctimas de ambos casos”. A fin de evitar que el Ejecutivo se presente en favor de la norma una vez esta sea aprobada en segunda votación, programada para el próximo jueves. Así, el requerimiento específico de los deudos y afectados por Barrios Altos y La Cantuta solicitaron que el gobierno de Dina Boluate “interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de dicho proyecto de ley y se abstenga de aprobar cualquier norma similar”.
Ello, debido a que norma podría tener consecuencias graves en el ámbito de los derechos humanos, al redefinir y potencialmente limitar la jurisdicción sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La solicitud resalta específicamente la necesidad de que el Estado se abstenga de aprobar cualquier normativa similar que pudiera vulnerar los derechos de las víctimas.
La “nueva ley de amnistía” que el Congreso busca ratificar en una semana
Y es que, bajo la excusa de “clarificar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y de crímenes de guerra en la legislación peruana”, el Congreso busca que el Poder Judicial, bajo advertencia de ser sancionado por no adoptar esta ley, anule los procesos, investigaciones, juicios y demás casos iniciados, culminados y con sentencia, no solo de militares sino también de terroristas.
Como una medida inicial, la Presidenta de la Corte y siguiendo el artículo 27.5 del Reglamento del Tribunal, ha requerido al Estado peruano, ahora bajo la gestión de Dina Boluarte Zegarra; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presenten sus observaciones a esta solicitud a más tardar el 12 de junio de 2024, a dos días de que se decida si se aprueba o no finalmente esta norma en el Congreso. En este contexto, y dado el impacto potencial de estas medidas, se espera una pronta y detallada respuesta del Gobierno peruano.
Dina Boluarte, presidenta del Perú, se enfrenta ahora a la presión de la comunidad internacional para que esclarezca la posición de su gobierno respecto al proyecto de ley y las posibles repercusiones en casos históricos de derechos humanos. La CIDH espera que esta solicitud de informe sea una oportunidad para mostrar compromiso con los estándares internacionales de justicia y derechos humanos.
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