
El Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que propone regular los servicios de las empresas de taxis por aplicativo. Sin embargo, dentro de este proyecto existe una disposición donde la Autoridad de Transportes Urbano (ATU) deja de fiscalizar a los conductores y pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Además, las empresas tendrán que asumir la responsabilidad judicial ante cualquier delito que cometa el conductor. Así como también el MTC tendrá la facultad de solicitar a las empresas de internet a bloquear aplicaciones y páginas web que no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la legislación vigente.
No obstante, en el país no solo existen taxis que operan a través de un aplicativo móvil, sino también de manera particular, los cuales muchas veces no están registrados en estas plataformas para evitar ser identificados. De acuerdo con el diario El Comercio, esta iniciativa solo respaldaría a la informalidad, debido a que los choferes ingresarán a este espacio sin necesidad de ser supervisados por la ATU.

El proyecto fue enviado al Ejecutivo, por lo cual tendrán un periodo de no mayor a 90 días calendario para su evaluación. De aprobarlo, se publicará directamente en el diario oficial El Peruano; pero si es observado, retornará al Congreso.
Una puerta a la informalidad
Al menos dos federaciones de taxi colectivo en Lima están implementando una táctica para evadir la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mediante la utilización de aplicaciones de taxis en sus dispositivos, según reveló El Comercio.
Estas estarían instruyendo a sus choferes para que instalen aplicaciones de taxis en sus teléfonos, en la versión destinada a conductores, con el objetivo de simular ser parte de la flota regulada.

De acuerdo con la ATU, los conductores deben contar con la licencia de conducir IIA, Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) vigente para prestar el servicio de taxi; así como también el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).
Cabe precisar que el incremento de los robos en servicios de taxi en Perú ha causado preocupación entre la población y las autoridades. Diariamente, se reportan incidentes en los que delincuentes se hacen pasar por falsos taxistas para cometer sus crímenes.
En conversación con el citado medio, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, criticó la disposición complementaria del proyecto, calificándola como una “aberración” debido a que exime a los conductores de aplicaciones de transporte de ser fiscalizados y regulados por una autoridad competente.

Por ello, precisó que los conductores van a “evadir” la fiscalización y no contarán con las características que se exigen para brindar el servicio. De esta manera, señala que se da pase al transporte informal.
El expresidente de la ATU, José Aguilar, también se sumó a las críticas y calificó como pro colectivero. Además, expresó que la disposición derogada establecía que cualquier vehículo debía contar con la autorización para operar como taxi, pero con esta norma se beneficiarían los colectiveros.
En la iniciativa también se precisa que se tendrá Registro Nacional de Empresas Administradoras de Intermediación del Servicio de Transporte Especial, la cual queda administrado por el MTC y debe ser actualizado de manera trimestral. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento de la ATU sobre esta nueva disposición.
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