La presidenta Dina Boluarte tomó la decisión de mantener en reserva quiénes entran y salen de Palacio de Gobierno, una medida formalizada mediante dos resoluciones que clasifican como “reservado” el material fílmico de las cámaras de seguridad, según un informe difundidos este jueves por El Foco.
Dos documentos del 11 y 13 de septiembre de 2023, con números 01-2023-DP/CM y 68-2023-DP/SG, declaran como reservado el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, codificado como DR001-PSPG2023. Las firmas que respaldan estos textos pertenecen a Miguel Kuan Garay, general de brigada y entonces jefe de la Casa Militar del Palacio de Gobierno, y a Enrique Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial.
De esta manera, se excluye a periodistas y fiscales que soliciten acceso en el contexto de investigaciones periodísticas o judiciales. Además de los registros fílmicos del Palacio, el Plan de Seguridad de la sede del Ejecutivo y las actas de su aprobación también han sido clasificados como “reservados”.
El medio intentó acceder a estos documentos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero la solicitud fue rechazada. Según la respuesta recibida de la Casa de Gobierno, compartir esta información con individuos o entidades no autorizadas legalmente constituye una violación a la ley, sancionable y potencialmente peligrosa para la seguridad protegida por la Casa Militar del Despacho Presidencial.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha informado que entre, el 7 y el 18 de septiembre de 2023, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, visitó el Despacho Presidencial para obsequiar a Dina Boluarte un Rolex Datejust Oyster Perpetual, con un valor superior a los 25 mil dólares. En el mismo periodo, Boluarte ordenó que las grabaciones de las cámaras de Palacio se clasificaran como “reservadas”.
“Modus operandi”
El Ministerio Público ha concluido que los artículos de lujo recibidos por la gobernante, entre ellos relojes Rolex y joyería valorados en aproximadamente 32,000 dólares, constituyen evidencia material en una investigación por un delito diferente al de enriquecimiento ilícito.
Según la tesis fiscal, el patrón de aceptar y recibir estas “donaciones” configura un “modus operandi” de conductas ilícitas y abuso de autoridad, lo que representa un delito continuado. Villena subrayó que tanto Boluarte como Oscorima deberían haber actuado con lealtad a los valores y principios del Estado, según la Constitución, en sus acciones dentro de la administración pública.
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