El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, rompe su silencio luego de varios días del confuso accidente de tránsito en el peaje de Chillón de la Panamericana Norte. El burgomaestre salió a desmentir todas las acusaciones en su contra sobre su responsabilidad y negó que haya estado al volante aquel 1 de mayo.
Espinoza señaló que no había bebido ningún tipo de licor, pero reconoció que llevaban una caja de cerveza al interior de su camioneta, debido a que iban a almorzar. Además, indicó que se encontraba en la parte trasera del vehículo, pero sale por adelante al escuchar que un líquido estaba cayendo.
También, confirmó que el jefe de Comunicaciones, Roy Huallpa Choquehuayta, era quien se encontraba al volante y que no contaba con licencia de conducir. Sin embargo, no quiso precisar si iban a excesiva velocidad. “Sabe conducir, pero no tiene la formalidad”, agregó.
Cabe precisar que, Huallpa Choquehuayta salió positivo al examen de alcoholemia, debido a que se halló 0,57 gramos de alcohol en la sangre. Sin embargo, el grado permitido según la ley establece 0,50 gramos.
Justifica abandono de ambulancia
En la semana, se difundieron las imágenes del preciso momento en que el alcalde sale de la ambulancia con ayuda de mujeres y un sereno. Todas las personas intervinieron la unidad para retirar a Espinoza e incluso el policía fue golpeado y distraído.
Espinoza manifestó que estuvo esperando en la ambulancia a la espera de una atención en el hospital, por lo que al ver que su situación no era tan “grave” prefirió retirarse.
Negó la existencia de un ‘operativo de rescate’ tal y como afirmó el regidor al ver las imágenes de mujeres y sereno en el lugar de los hechos. Las mujeres que participaron fueron la gerenta de Seguridad Ciudadana y la gerenta de Salud del municipio.
Es así como justificó las acciones de las funcionarias de la municipalidad, a pesar de la violencia que se evidenció al momento de ingresar a la ambulancia. “Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad”, añadió.
Finalmente, aseveró que todo se trata de “especulaciones”, debido a que las imágenes podrían corroborar su versión. Estas declaraciones y las pruebas serán investigadas por el Ministerio Público. Sin embargo, el alcalde podrían enfrentar entre 4 a 8 años de prisión si se halla responsable de los hechos, según el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.
La misma pena alcanzaría a las funcionarias de la municipalidad que participaron del caso.
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