Un nuevo estudio llamado Pulso de la democracia en el Perú, difundido por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indica que al menos uno de cada cinco peruanos reportó que un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) le solicitó algún tipo de soborno.
No solo eso, sino que el documento indica que el Perú aparece en los primeros lugares en este tipo de incidentes a nivel de América Latina y El Caribe. De hecho, “el 22 % de los peruanos reportan que un oficial de la policía les ha solicitado un soborno, lo que lo coloca en la tercera posición, solo superado por Nicaragua con 22% y Bolivia con 24%”.
De hecho, estos casos también están identificados en el código disciplinario de la Policía Nacional del Perú y son calificados como faltas muy graves. “Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión” es sancionado con el pase a situación de retiro.
1.500 agentes de la Policía podrían pasar al retiro en 2024
Al menos 1.500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) podrían pasar a situación de retiro solo en el año 2024, una cifra récord si se considera que en años anteriores esta situación se producía en cantidades menores: 1.030 en 2023 y 990 en 2022.
Según el propio general PNP, Víctor Zanabria, estos pases a retiro solo se refiere a motivos disciplinarios, es decir, por cometer una falta grave con la máxima sanción administrativa. Desde Piura, se refirió al incremento en actos de corrupción que tienen como protagonistas a los propios agentes de la Policía Nacional.
Para Zanabria, la lucha contra la corrupción es permanente y actualmente hay disponibles nuevos canales que permiten captar las denuncias de los ciudadanos, algo que antes era un problema.
Corrupción de funcionarios públicos
Por otro lado, el estudio estadístico también indica que al menos uno de cada diez peruanos (10 %) ha reportado que un funcionario público le solicitó algún tipo de soborno durante el año 2023.
En este sentido, el informe también sostiene que es precisamente este tipo de interacciones los que perjudican la imagen que los ciudadanos tienen de las instituciones públicas. “Cuando los ciudadanos viven hechos de corrupción tradicional directamente, la confianza en las instituciones estatales y la percepción de su desempeño podría decaer”, se sostiene.
También se considera que la desigualdad generada por la corrupción afecta a la forma en la que se ven las funciones de la institución, pues “los que pagan la coima son los que acceden al servicio, trámite o excepción, mientras que los que no pueden pagarlo simplemente no los obtienen”
Una forma de ver cómo es que la percepción cambia con la existencia de funcionarios que comenten este tipo de actos de corrupción es ver el porcentaje de ciudadanos que confían en su municipalidad.
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