En diciembre del 2023, la Municipalidad de Lima colocó bonos de deuda por S/1.205 millones (parte de un plan anunciado de S/4.000 millones) a un plazo de 20 años y una tasa de interés de 10,1% con el objetivo de financiar proyectos de inversión pública. Ello despertó la preocupación del Consejo Fiscal —entidad autónoma del sector público que vela por las finanzas públicas—, al advertir la peligrosa situación de sobreendeudamiento del municipio promovida por el alcalde Rafael López Aliaga, porque estaría comprometiendo el tesoro de las próximas cinco administraciones ediles.
En palabras de Carlos Oliva, presidente del mencionado organismo, el interés aplicado en los bonos de deuda en el mercado externo “es sumamente alto para los estándares nacionales e internacionales” comparado con lo que hubiera significado una deuda con garantía del Gobierno central, la cual suele tener tasas de interés más bajas.
En un ejercicio de cálculo, Oliva estima que si la deuda estuviera bajo el respaldo del MEF, la emisión de deuda se hubiera llevado a cabo ya no a una tasa del 10%, sino de un 7%, lo que implicaría un ahorro de S/500 millones para el periodo solicitado.
“Hemos hecho el ejercicio de qué hubiera pasado si en vez de emitir una deuda sin garantía [del Gobierno central] —que es lo que ha hecho que tenga un costo alto—, se hubiera emitido a 7% que es por ejemplo lo que emite el gobierno. Eso hubiera implicado un ahorro de más o menos S/23 millones al año, o sea durante los 20 años son casi S/500 millones, que no es poca cosa. Es un ejercicio para graficar que esto no es una deuda barata”, indicó en entrevista con Ojo Público.
Proyectos del municipio deben tener buen sustento para recibir aval del Gobierno
Oliva Neyra, quien presidió la cartera del MEF en 2018, asegura que ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones, pero enfatiza la importancia de que el municipio presente un buen Plan de Desarrollo Urbano “bien sustentado técnicamente”. Cumplido esta condición, señala que es altamente probable que el MEF financie directamente una parte de los S/4.000 millones y la otra parte sea financiada mediante una emisión de bonos.
El año pasado, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó, a través de un acuerdo, la emisión de bonos destinados a financiar un total de 42 proyectos de inversión prioritarios identificados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025. Sin embargo, esta estrategia financiera fue objeto de un análisis crítico por parte de la Contraloría, que observó la falta de sustento de la comuna dirigida por el burgomaestre para este nivel de endeudamiento, advirtiendo duplicidades en el paquete de proyectos y la insuficiencia de expedientes técnicos.
“La intención de simplemente tomar deuda tiene que ser una especie de último recurso, porque nos cuesta a todos nosotros. Hay que ver todas las posibilidades y, al final, si hay algo que me está faltando recién salgo y tomo la deuda. Yo no sé si se ha hecho ese análisis, eso sería bueno que nos lo expliquen también”, agregó Oliva.
En entrevista anterior con Infobae, el regidor de Lima Aron Espinoza denunció que el alcalde López Aliaga-para justificar el endeudamiento de S/4.000 millones- está aprobando proyectos sin expediente técnico ni mínimo debate solo para obtener apresuradamente financiamiento.
“El alcalde Rafael López Aliaga, en el caso de los bonos, no va a pagar ni un solo céntimo durante su gestión porque tiene cinco años de periodo de gracia. Le hemos advertido esta forma irresponsable”, criticó.
“Un mal precedente”: piden a MEF y Contraloría pronunciarse
En un nuevo comunicado de advertencia, el Consejo Fiscal instó a la Contraloría y al Ministerio de Economía a emitir una opinión, antes de que el municipio continúe con sus operaciones de financiamiento, para advertir las consecuencias de un endeudamiento de la magnitud propuesta, por su relevancia para la sostenibilidad fiscal.
El organismo técnico considera que la ordenanza municipal N” 2604 que emitió la propia comuna de López Aliaga para insistir en su endeudamiento “constituye un mal precedente para otras entidades subnacionales”, y sobre el cual deben pronunciarse las autoridades del Poder Ejecutivo y otras entidades competentes.
Por otro lado, cabe señalar que una encuesta de Ipsos, realizada para Perú 21 a fines de marzo, arrojó que el 64% de los encuestados desaprueba la gestión de Rafael López Aliaga, mientras que solo un 30% la aprueba.
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