Consejo fiscal lanza nueva advertencia por sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima y pide al Gobierno explicar autorización

El Consejo Fiscal, organismo público que vela por la salud de las finanzas públicas, elevó una nueva advertencia de preocupación por el peligro de sobreendeudamiento que enfrenta la Municipalidad de Lima, además de los posibles desequilibrios presupuestarios para las cinco próximas administraciones ediles.

En su pronunciamiento, dicho organismo sostiene que el cambio normativo en el decreto de urgencia N° 006-2024 podría llevar a que el municipio de Lima alcance un saldo de deuda total superior a los S/4.000 millones en 2024, casi el doble del saldo máximo que se ha tenido en el pasado (S/1.926 millones en 2020).

Recordemos que hace unas semanas, vía decreto de urgencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retrocedió en su postura inicial y decidió autorizar a la comuna capitalina, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, a endeudarse por casi el cuádruple de sus ingresos. Esta autorización del MEF, presidido por José Arista, vino después de que el propio burgomaestre acudiera a Palacio de Gobierno a reunirse con la presidenta Dina Boluarte.

Ante ello, el Consejo Fiscal pidió a la Contraloría y al Ministerio de Economía a emitir una opinión sobre dichas consecuencias, antes de que el municipio continúe con sus operaciones de financiamiento sobre las consecuencias de un endeudamiento de la magnitud propuesta, por su relevancia para la sostenibilidad fiscal.

En ese sentido, el CF considera que la ordenanza municipal N” 2604 que emitió la propia Municipalidad para insistir en su endeudamiento constituye un mal precedente para otras entidades subnacionales, y sobre el cual deben pronunciarse las autoridades del Poder Ejecutivo y otras entidades competentes.

“La ordenanza colisiona con la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública, prevista en el numeral 17 del artículo 118° de la Constitución”, sostienen.

“Es necesario que las autoridades rectoras se pronuncien acerca del cumplimiento de la normativa que indica que los ingresos de las entidades deben colocarse en la Cuenta Única del Tesoro, y no en la banca comercial”, agregaron.

Exhorta al Gobierno explicar retroceso en su postura

Por último, el Consejo Fiscal exhortó al Poder Ejecutivo a explicar el motivo del retroceso del MEF que primero puso un candado al endeudamiento de la Municipalidad, pero luego cedió a la presión del alcalde López Aliaga y le permitió seguir con su plan de financiamiento. “En aras de la transparencia, el CF considera que el Poder Ejecutivo debería explicar la motivación y sustento para cambiar la política expresada en el DU N° 003-2024″, refieren.

Además, sostienen que debe aclararse si el eventual espacio de endeudamiento incorpora el cálculo del impacto de los pasivos derivados de los arbitrajes internacionales en contra de la MML.

Retiros AFP en 2024

En relación con la reciente aprobación por parte de la Comisión de Economía del Congreso de un nuevo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, el Consejo Fiscal opina que la propuesta legislativa tendría consecuencias negativas para la economía nacional y las finanzas públicas si se llevara a cabo.

El Consejo Fiscal está de acuerdo con la opinión técnica expresada por las principales entidades públicas en materia económica, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según la opinión institucional sobre el predictamen de la comisión y un comunicado previo, el Consejo Fiscal considera que la propuesta profundiza la fragilidad del sistema previsional peruano, ya que aumentaría la desprotección previsional de los afiliados en el futuro. Además, esto generaría mayores demandas para el erario nacional para atender a estos afiliados, cuyo impacto aún no se ha calculado adecuadamente.

Además, en el corto plazo, la medida aumentaría el costo de financiamiento para el sector público, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrían que reducir su posición en activos líquidos como los bonos del Tesoro Público.