El Congreso de la República nuevamente plantea una ley que plantea interferir en el proceso de recopilación de datos e investigación de la Fiscalía de la Nación; esta vez por medio de un proyecto de ley. La propuesta, que fue ingresada a la casilla virtual del Legislativo el pasado martes 19 de marzo por el congresista Luis Cordero Jon Tay, integrante de la bancada de Acción Popular, pretende que las filtraciones de colaboradores eficaces sean motivo de sanción para los fiscales a cargo de las investigaciones.
Esta idea está plasmada en el proyecto de ley N° 7348, y si bien no es la única de las modificaciones que se buscan establecer, es, de lejos, la más controversial. Según lo detallado en la propuesta legislativa, se propone la modificación de cuatro de los artículos del Nuevo Código Procesal Penal. En ellos, se plantea que “el Fiscal a cargo del proceso especial de colaboración eficaz garantiza la plena vigencia del principio de reserva”.
Fiscales serán responsables por filtraciones, así no tengan que ver
En ese sentido, se plantea que los fiscales sean “responsables funcionales por cualquier filtración que se realice durante la tramitación del mismo, tales como la identidad o declaración del colaborador o de cualquier otra información proporcionada en el marco de este proceso”; ello, pese a que estos no necesariamente estén directamente relacionados con la obtención de estas.
De ser este el caso, la propuesta de norma busca que se inicie “de oficio el procedimiento disciplinario correspondiente, sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas y penales en las que incurran él o los servidores civiles a su cargo”.
El proyecto de ley ha sido presentado en un contexto en el que, en recientes investigaciones como en el caso de Patricia Benavides, se han revelado en diferentes oportunidades las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de confianza de la suspendida fiscal de la Nación, ante el EFICCOP y el despacho de la Fiscal Suprema Delia Espinoza. En sus declaraciones quedan implicados al menos 14 miembros del Congreso, que incluso buscan denunciar constitucionalmente a quien los investiga, a fin de salir impunes.
Buscan que Fiscales no corroboren las declaraciones de un colaborador eficaz con otro
Pero esta modificación no es la única que se ha planteado en el proyecto de ley de Cordero Jon Tay. También se ha consignado un apartado que afecta al artículo 473 del Nuevo Código Procesal Penal, en el que se plantea el procedimiento a seguir durante la fase de corroboración de lo denunciado por los colaboradores eficaces. En ella, se detalla que los fiscales que investigan los casos tengan prohibido corroborar lo que dice un colaborador eficaz con otro.
“Está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaboración eficaz con declaraciones de otros aspirantes a colaboradores eficaces”, detalla la propuesta del congresista de APP.
Asimismo, se ha planteado la posibilidad de denunciar a los colaboradores eficaces por calumnia, en caso se demuestre la inocencia de quien fue involucrado por este. Así, será el Fiscal que investiga quien “remita los actuados a la fiscalía correspondiente para que se revise la comisión del delito de denuncia calumniosa”.
Fiscal podría ser implicado en querellas de los investigados
Pero no solo eso, de ser el caso, el mismo fiscal quedaría envuelto en esta demanda, siendo “investigada la participación del fiscal en la comisión de los mismos, dejando a salvo el derecho del agraviado de solicitar las correspondientes acciones indemnizatorias”.
Asimismo, Cordero Jon Tay busca llevarse abajo cualquier tipo de denuncia que sea revelada por un medio de comunicación, a menos que estas no sean evaluadas por un fiscal. Así se detalla en el documento en el que se plantea que “las publicaciones periodísticas carecen de valor probatorio por sí mismas, (pues) para que puedan ser valoradas requieren necesariamente de otras pruebas fiables y suficientes que corroboren sus contenidos.”.
Este proyecto de ley, que resulta idóneo para más de una docena de congresistas, parece marchar de manera célere y ya ha sido derivado a la Comisión de Justicia y Derechos humanos, a menos de 24 horas de haber sido presentado.
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