Amenazan con denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación por inclusión de congresistas en caso Patricia Benavides

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, amenazó con presentar una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por el hecho de que en la investigación contra la suspendida Patricia Benavides se haya incluido a 14 parlamentarios, siendo el acciopopulista uno de ellos.

“El artículo 51 (prevalencia de la Constitución) de la Constitución es claro y el artículo 99 (altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio) también. No se puede violar el artículo 51 y 99 de la Constitución. (...) Bueno, denunciaremos también, probablemente en las próximas horas, al fiscal de la Nación”, dijo Aragón en declaraciones a RPP Noticias.

El acciopopulista —junto a Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López— presentó una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza la supuesta comisión de delitos e infracciones constitucionales, pidiendo su inhabilitación por 10 años de la función pública.

Luis Aragón fue incorporado en la investigación contra Patricia Benavides a raíz de que Jaime Villanueva reveló que el acciopopulista le pidió que haga gestiones para que se archive la investigación que se le sigue por el caso Los Niños, a cambio de votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos. La reunión donde se dio dicho hecho, según el exasesor, fue coordinada por Patricia Chirinos.

“Lo emplazamos públicamente al señor Jaime Villanueva a que pruebe todas las afirmaciones que está haciendo”, invocó Aragón.

¿Por qué denunciaron a Delia Espinoza?

Un grupo de congresistas ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, acusándola de haberlos incluido de manera indebida en una investigación relacionada con una presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los legisladores supuestamente afectados son Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López, quienes argumentan que la inclusión en esta investigación constituye un abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y una vulneración de la Constitución Política del Perú, solicitando que se le inhabilite a Espinoza por 10 años para ejercer cargos públicos.

La controversia surge a partir del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, quien declaró ante el Ministerio Público sobre un intercambio de favores con los congresistas para votar por la inhabilitación de Zoraida Ávalos, a cambio de beneficios en ciertas investigaciones. La legislación peruana estipula que solo el fiscal de la Nación posee la autoridad para investigar a altos funcionarios con prerrogativas especiales, lo que los congresistas señalan como una omisión en su caso, puesto que afirman que Juan Carlos Villena debería ser el encargado de su investigación y no Espinoza.

Sin embargo, los congresistas no mencionan que Villena se excusó de liderar la investigación contra Benavides y, por extensión, contra ellos, basándose en una normativa que obliga a los fiscales a abstenerse de participar en ciertas investigaciones para garantizar la imparcialidad del caso. Esta situación no es exclusiva de los parlamentarios mencionados, ya que la propia Benavides ha cuestionado la capacidad de Espinoza para llevar a cabo la investigación, lo que ha llevado a una audiencia ya celebrada ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quedando el caso a la espera de una decisión.