Alberto Otárola no solo deberá dar explicaciones a la mandataria Dina Boluarte si continúa al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por unanimidad, la Junta de Portavoces acordó votar en el Pleno de mañana, miércoles 06 de marzo, si citarán al aún premier a fin de que responda por sus vínculos con mujeres que fueron contratadas en el Estado luego de reunirse con él.
La medida, presentada por el parlamentario Diego Bazán, pretende que el alto funcionario concurra al Parlamento para que responda por su “participación en la contratación de las ciudadanas Rosa Rivera y Yaziré Pinedo; y explique las contradicciones y presuntos hechos irregulares en los que habría incurrido en relación con este asunto”.
Aunque también se impulsó una interpelación en contra del jefe del gabinete ministerial, el presidente de la Comisión de Ética consideró que al ser un asunto de interés público que requiere verse con urgencia, no se puede esperar a “la tramitación de un procedimiento de control político extenso”.
“Es necesario optar por la invitación a informar ante el Pleno del Congreso de la República. Este instrumento de control político se encuentra contemplado en el artículo 84 del Reglamento del Congreso y tiene un procedimiento flexible que requiere la sola presentación de una Moción de Orden del Día. Es importante considerar que la invitación a informar permite presentar con posterioridad una moción de censura”, agregó.
En caso la mandataria decida mantenerlo en el cargo, en el Poder Legislativo existe una posición mayoritaria que busca su salida. Tan es así que, hasta el momento, se han presentado tres denuncias constitucionales en contra de la —en teoría— mano derecha de Dina Boluarte.
Elías Varas es autor de una de las denuncias. En el documento que ingresó consideró que Otárola infringió los artículos 1°, 39° y 126° de la Constitución Política e incurrido en los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible en el ejercicio de su función. Asimismo, solicitó su inhabilitación por 10 años.
La medida adoptada por la congresista Margot Palacios coincide en la infracción del artículo 126° y el presunto delito de tráfico de influencias. Por lo demás, menciona que se contravino los artículos 123° y 128° de la Carta Magna, y se habría cometido el presunto ilícito de abuso de autoridad.
La última denuncia fue presentada por Juan Burgos, quien consideró que el aún premier transgredió el “normal desarrollo de la función pública y la institucionalidad democrática” y quebrantó los artículos 2, 38 y 118, así como la comisión de los delitos de concusión, colusión, patrocinio ilegal, peculado de uso, y, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo regulados por el Código Penal.
Son al menos ocho mujeres
El caso de Yaziré Pinedo no fue el único en el que se cuestionó la influencia del aún jefe del gabinete ministerial. Gianella Raida Solorzano, quien llegó a la sede de la PCM, obtuvo una orden de servicio por la suma de S/ 28 mil, cinco días después de su visita.
Geidy Melendez, quien se reunió tres veces con Otárola en 2023, tuvo dos órdenes de servicio con el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos por la suma de S/ 40 mil para desarrollar labores de “relanzamiento de stakeholders y/o aliados estratégicos y una especialista en gestión pública”.
Amelia Altamirano fue otra de las favorecidas. Cinco días después de visitar al premier, logró dos órdenes de servicio por la suma de S/ 36 mil. Se le suma Rosa Rivero, quien recibió dos contratos con el Estado peruano por la jugosa suma de 54 mil soles, y Rosenith Pinedo, quien recibió un total de S/ 156 mil.
En el listado también se incluye a Sandra Ramírez y Nathaly Torres. Ambas fueron beneficiadas después de visitar al titular de la PCM.
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