La Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque solicitó este lunes al Poder Judicial el embargo de los bienes del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por el valor de tres millones de soles con el objetivo de garantizar la reparación civil en caso sea sentenciado por presunto enriquecimiento ilícito.
Según un despacho difundido por RPP, el coordinador del ente estatal, Jorge Carnero, requirió confiscar cinco inmuebles del directivo —cuatro de su propiedad y uno que comparte con sus hermanos— ante un caso que enfrenta por sus acciones cuando fue alcalde de la localidad de Choncoyape, entre 2011 y 2018.
De acuerdo con el Ministerio Público ―que formalizó la pesquisa en 2022—, Lozano buscó encubrir los presuntos ilícitos “utilizando a sus familiares y círculo” de amigos. Entre los casos que se investigan, figuran presuntas irregularidades en un convenio que firmó la municipalidad de Chongoyape con el club Juan Aurich de Chiclayo, capital de Lambayeque.
Red criminal en FPF
Lozano está incurso en otra investigación, junto con el directorio de la FPF, por la presunta extorsión, coacción y organización criminal en agravio de clubes de la primera división nacional. La Fiscalía considera que una red corrupta “se habría enquistado en la FPF” y que, “en su accionar delictivo, no habría comunicado la real situación administrativa, económica, contable y financiera a los miembros que constituyen su asamblea de bases”.
Por este caso, la Fiscalía ha allanado en varias ocasiones la sede de la FPF en la Villa Deportiva Nacional (Videna), la última de ellas en octubre del 2023, cuando buscó información sobre el dinero asignado a los clubes de la Liga 1 y 2, a la Agremiación de Futbolistas y a la empresa Perú 1190 Sports, entre otros.
De igual modo, se han programado declaraciones de dirigentes de 14 clubes, entre ellos Alianza Lima, Alianza Atlético, Atlético Grau, Sport Huancayo, ADT, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso. De acuerdo con una resolución a la que accedió Infobae Perú, las comparecencias se desarrollarán hasta marzo del 2024. Entre los testimonios requeridos están el de los presidentes de cinco ligas departamentales (Cusco, Junín, Tacna, Lambayeque y Piura), así como del presidente de la Asociación Peruana de Futbolistas (ASPEFUT), Adrián Zela.
Lozano asumió la presidencia de la FPF de manera interina en diciembre de 2018, tras la detención de su antecesor, Edwin Oviedo, quien ingresó en prisión provisional en medio de la investigación de los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas. A mediados del año pasado, Hildebrandt en sus trece difundió la declaración de un testigo protegido a la Fiscalía contra el crimen organizado, a la que mencionó que la Videna estaba ocupada por trabajadores administrativos de la FPF.
De igual modo, contó que, por orden del directivo, habría una persona encargada de revender entradas para los partidos de la selección, y que esta misma “trabajadora” lideraría un negocio con la venta de uniformes que los seleccionados no emplean en los partidos. Hasta ahora, Lozano solo ha guardado silencio.
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